El abuso del Gobierno de Gustavo Petro con el Caribe no tiene fin. La resolución del Invias No. 2856 de 2024 que establece un cobro de valorización a 248,656 predios alrededor del área de influencia de la vía al mar y la circunvalar, es otra afrenta que se suma a la incierta situación energética que afecta a miles de familias de la costa caribe.
La valorización que se genera en un momento de crisis económica del país, pone a reflexionar sobre el nivel de conciencia del actual gobierno con la ciudadanía. La afectación de esta medida no solo conlleva que predios importantes paguen ese tributo, sino que pobladores pobres tengan que sufragarlo. Los criterios del mencionado decreto determinarán el tributo alrededor del avalúo del inmueble, la cercanía a las dos vías principales y la accesibilidad de los inmuebles. No se sabe incluso si el impuesto predial se multiplicará. Mientras tanto, el gobierno y la ministra de transporte no escuchan a la bancada costeña y se desconoce si el destino de esos más de 2.3 billones de pesos producto de esa valorización beneficie al caribe.
Esa es la forma como el presidente Petro y su gobierno le responden a la costa cuando esa zona del país respaldó su propuesta hace más de dos años. Le dio la espalda a los juegos Panamericanos, acabó la seguridad en la región, creó diálogos de impunidad llamados “socio jurídicos” con diversas bandas criminales, no ha resuelto el problema de las tarifas de energía, bloqueó proyectos regionales como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, la doble calzada Barranquilla a Ciénaga con sus dos viaductos, el canal del Dique en Bolívar o el cierre definitivo del Jarillón Cara e Gato en Sucre para evitar las inundaciones en la Mojana. Todos estas obras, permitirían generar trabajo y así reactivar la demanda en esa zona del país, mejorando las condiciones sociales.
El futuro del cobro es incierto. Hay demandas sólidas que seguramente podrán tener éxito ante los jueces. Entre ellas, se encuentran las acciones populares, las acciones de nulidad y una demanda contra la inconstitucionalidad del artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo que estableció la contribución nacional por valorización. En las acciones es evidente que tendrá un protagonismo el problema de la legalidad tributaria. Lo complejo de este asunto es que el tiempo irá en contravía de la gente porque mientras se discuten estas acciones legales, la gente tendrá que pagar esa valorización sopena de cobros coactivos.
En esto se convirtió el gobierno del cambio. Un cambio donde le sacan la plata a la gente humilde del país, roban recursos públicos como se vio en la Unidad de Gestión de Riesgo y al final se compensa eso con los delirantes discursos de Petro sobre persecuciones imaginarias contra su efímero poder.
Más allá de las habituales peroratas sin sentido, se requiere respeto a la gerencia regional que adelantan gobernadores y alcaldes para que la economía se active, exista empleo y con ello se generen nuevas inversiones. No es con impuestos y valorizaciones como se desarrollará el Caribe. Primero hay que fomentar el trabajo y luego con la economía activada, se generará la solidaridad fiscal que se requiere.
* Ex Fiscal General de la Nación 2020-2024
