La cumbre internacional sobre el cambio climático que se desarrolla en Glasgow, busca hacer un balance sobre el cumplimiento adquirido por todos los países, desde 1972, para detener el deterioro del planeta como consecuencia del calentamiento global; y avanzar en más compromisos, serios y ambiciosos, pues el deterioro ambiental es de tal magnitud que nos acerca a un punto de no retorno.

Pero el balance de esta nueva cumbre no es alentador. Por un lado, no se han cumplido los compromisos anteriores y los que se plantean hoy no son lo suficientemente impactantes para responder con rapidez al deterioro ambiental y a las necesidades y desafíos existentes. Las metas menos relevantes se plantean para el año 2030, y las otras para 2050 y 2070. Esto no sería tan negativo si estuviésemos seguros de que dichos acuerdos se respeten y cumplan. Pero los acuerdos apenas sirven como referentes formales para decir que somos ambientalistas, pues no solo no se destinan recursos y esfuerzos políticos suficientes, sino que se autorizan megaproyectos económicos perversos y dañinos para el medio ambiente, tal como en el caso colombiano, con un gobierno que no ha tenido una voluntad firme de perseguir y controlar las actividades anti ambiéntales, incluso de orden criminal.

Colombia es considerado como uno de los 11 países más vulnerables sobre el tema; y como en el resto del mundo, la búsqueda de utilidad a toda costa, de los industriales, es una limitante para avanzar en contener el deterioro ambiental. Es importante que las diversas comunidades con intereses particulares (hoy llamadas sociedad civil) consensúen con responsabilidad y sentido de solidaridad la protección del medio ambiente. Las metas con las cuales se ha comprometido Colombia son muy ambiciosas, pero casi imposibles de materializar; parecen haber sido adquiridas más para contrarrestar una imagen deteriorada en el campo internacional, que algo realizable en el corto y mediano plazo. El gobierno nacional se comprometió para el 2022 (dentro de unos pocos meses) a proteger el 30% del territorio nacional, cuando hoy solo tenemos 59 parques naturales y corresponden a menos del 12% del territorio; y de estos, 35 tienen amenazas serías de deterioro y 12 ni siquiera tienen un plan de manejo vigente (El Espectador). Así mismo, se comprometió a participar en la protección de un corredor en torno a las Islas Galápagos, detener la deforestación de la amazonía colombiana (171.685 hectáreas en 2019) y respetar los acuerdos de descontaminación. Para cumplir lo anterior se requieren recursos que Colombia no tiene. Es un contrasentido anunciar al mundo nobles propósitos cuando se hace muy poco para proteger a los líderes ambientalistas de ser asesinados y contener la deforestación; y además, cuando se ordena la fumigación aérea con glifosato y se tolera, o no se combate con la suficiente fuerza, las actividades ilegales o legales extractivistas que están destruyendo el país.

Colombia dice adelantar un crédito de 600 millones de dólares ante el BID, para adaptación climática, para cumplir con los compromisos adquiridos hace 5 años. Ojalá estos recursos no se destinen para otros fines.