En el antiguo Imperio persa, un sátrapa era el gobernador de una provincia, un funcionario investido de poder y autoridad para administrar territorios en nombre del rey. Con el paso del tiempo, el término evolucionó hasta convertirse en una expresión despectiva utilizada para describir a quien gobierna abusando de su poder, actuando de manera arbitraria, despótica y haciendo permanente alarde de autoridad.
Colombia parece vivir hoy bajo el comportamiento de un auténtico sátrapa. Pero lo más grave de la situación no es únicamente el autoritarismo, la arrogancia o el desprecio por quienes piensan diferente; lo verdaderamente preocupante es la incapacidad para gobernar, para construir consensos y para escoger un equipo de gobierno capaz de responder a las necesidades del país.
Colombia debe ser estudiado como un caso sui géneris en materia política: ha sobrevivido a la violencia, al narcotráfico, al terrorismo y a la corrupción, pero pocas veces había enfrentado un escenario de desgaste institucional tan profundo. La polarización ha llevado a muchos ciudadanos a justificar cualquier conducta mientras provenga del sector político con el que simpatizan. Y ahí comienza el verdadero peligro para la democracia.
El sátrapa no respeta las ramas del poder público. Ataca a la justicia cuando las decisiones no le favorecen, confronta al Congreso cuando no aprueba sus reformas y desacredita organismos de control que cuestionan las actuaciones de su gobierno. La separación de poderes, fundamento esencial del Estado social de derecho, termina convertida en un simple obstáculo para quien pretende imponer su voluntad por encima de las instituciones.
Lo más desconcertante es que ni siquiera sus más cercanos colaboradores parecen respetarlo. El espectáculo permanente de escándalos, filtraciones, acusaciones internas y enfrentamientos públicos dentro del propio gobierno evidencia desorden, improvisación y ausencia de liderazgo. Un país no puede avanzar cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar actúan como enemigos entre sí.
Hacer acuerdos con criminales, suspender órdenes de captura sin importar que existan solicitudes de extradición o enviar mensajes ambiguos frente al delito genera incertidumbre y debilita la confianza en la justicia. La paz no puede construirse sacrificando la autoridad legítima del Estado ni convirtiendo la impunidad en estrategia política.
El comportamiento del jefe de Estado desconcierta y genera caos institucional. Las decisiones parecen responder más a impulsos ideológicos y emocionales que a criterios técnicos, jurídicos o administrativos. Gobernar no es improvisar desde una tarima ni convertir cada desacuerdo en un enfrentamiento público. Gobernar exige responsabilidad, sensatez y respeto por la institucionalidad.
La justicia debe recaer sobre cualquier servidor público que abuse del poder o desconozca la Constitución. Ningún gobernante puede estar por encima de la ley, porque cuando el poder se ejerce sin límites, la democracia deja de ser un sistema de libertades y se convierte en el escenario perfecto para el abuso y la arbitrariedad.
