En octubre de 2025, cuando el Gobierno logró que los jefes de los Costeños y Pepes se dieran la mano y enviaran un mensaje de pausa a sus sangrientas disputas, Barranquilla recibió esta noticia con cautelosa expectativa. A partir de ese momento se percibió una reducción del homicidio y la extorsión. Esa sensación la confirman cifras comparativas de la Policía de 2024 y 2025. Sin embargo, enero arrancó con un reavivamiento del homicidio porque los eneros suelen ser particularmente sicariales. La estadística lo dice.
En medio de este nuevo repunte de asesinatos se conoció la directriz nacional de trasladar a estos jefes y otros integrantes del crimen organizado de unas cárceles de máxima seguridad a las de mediana seguridad de Barranquilla. Esto provocó la reacción del alcalde Alejandro Char, el gobernador Eduardo Verano, los gremios, los medios de comunicación y la ciudadanía, por el temor de que se incrementara la violencia en el territorio metropolitano en la temporada de Carnaval.
Los traslados del Gobierno, por ahora aplazados, hacen parte de sus gaseosos “diálogos socio-jurídicos” con unos aparatos a los cuales hoy solo es posible ofrecerles, en el marco de la justicia penal ordinaria, un sometimiento con preacuerdos y rebajas de penas. Pues se trata de estructuras dedicadas a un negocio ilegal y violento sin estatus de beligerancia política. Un tratamiento diferente implica un marco jurídico que hoy no existe.
Pese al encontronazo, el ministro de Justicia (e) propuso unidad institucional, contexto en el cual deben buscarse acuerdos en torno a temas concretos. Por ejemplo, a Barranquilla no se le deben enviar recluidos de las cárceles de máxima seguridad mientras no tenga establecimientos así. Es imperioso hablar, a la vez, del estado de cosas inconstitucional (ECI) reinante en las cárceles, incluidas las de la ciudad, que se expresa en hacinamiento crónico, infraestructuras inadecuadas, vulneración de derechos fundamentales y ausencia de resocialización. Esta realidad demanda nuevas cárceles manejadas por una guardia distinta a la del Inpec.
La Alcaldía distrital debe motivar un diálogo con los ministerios de Justicia y Defensa, la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, la Defensoría del Pueblo y el Congreso en procura de una nueva política criminal y de una real articulación interinstitucional. Convertir a Barranquilla en “la ciudad más segura de Latinoamérica”, como lo planteó Char en 2015 al ser elegido alcalde por segunda vez, es una enorme tarea de Estado en la cual el Distrito solo puede hacer lo que le corresponde con sus competencias y recursos.
@HoracioBrieva
