El Distrito enfrenta un desafío fiscal de alto impacto: la actualización del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) sobre actividades estratégicas como la generación y distribución de energía eléctrica y gas. La administración busca fortalecer ingresos propios y garantizar la sostenibilidad financiera, pero los efectos de esta medida van más allá de la recaudación.
En los últimos diez años, el sector de servicios públicos representó cerca del 7% del Valor Agregado del Atlántico, siendo la sexta actividad económica más relevante. Sin embargo, su ritmo promedio anual de 2,4% sigue siendo inferior al crecimiento total del departamento, que promedió 3,4%. Históricamente, este sector ha tenido periodos de desempeño por debajo del promedio departamental, mostrando que el sector mantiene un crecimiento sólido pero vulnerable a cambios estructurales.
El proyecto contempla aumentar la tarifa del ICA en energía eléctrica, del 20 al 30 por mil, y en la producción y distribución de gas, del 25 al 30 por mil, mientras que la producción de cervezas vería una reducción gradual hasta converger al 14 por mil en 2029.
Estudios internacionales muestran que los sectores energéticos son sensibles a ajustes tributarios: un incremento puede reducir la producción entre 8% y 12% a mediano plazo. Para el Atlántico, esto implicaría pérdidas directas de hasta medio billón de pesos: 346 mil millones en actividades energéticas, 71 mil millones en gas y 648 mil millones al sector constructor.
La energía y el gas son insumos críticos para otras actividades económicas. Cada peso dejado de producir se amplifica: por cada 100 pesos de pérdida en generación y distribución de energía, la producción agregada departamental puede caer hasta 217 pesos; en gas, cerca de 200 pesos, y en construcción, 187 pesos. Así, una reducción inicial podría generar un impacto agregado de 710 mil millones de pesos en un escenario moderado, y superar el billón en el medio.
Este escenario invita a la prudencia. Una reforma tributaria en sectores estratégicos requiere análisis exhaustivos, considerando no solo la recaudación, sino también las cadenas productivas, la inversión y la sostenibilidad del sector. Ignorar estos efectos podría significar que los beneficios fiscales se vean opacados por pérdidas económicas mayores, afectando a toda la economía local.
Actualizar el ICA no es solo un tema contable; es un ejercicio de equilibrio entre finanzas públicas y desarrollo económico. Avanzar sin medir sus efectos podría convertirse en un golpe inadvertido a la competitividad del Atlántico.
*Directora Ejecutiva de Fundesarrollo
