Hace unas pocas semanas, la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que crea el Banco Nacional de Perfiles Genéticos, una base de datos centralizada que almacenará ADN de personas investigadas o condenadas por delitos graves como homicidios, violencia sexual o desapariciones. El banco será administrado por Medicina Legal y operado bajo estrictos controles judiciales, técnicos y éticos. La noticia pasó relativamente desapercibida, pero tiene un enorme potencial e impacto para la justicia penal en Colombia.
En términos simples, se tomarán muestras biológicas, como saliva, sangre o pelo, de personas vinculadas a ciertos procesos penales, y a partir de ellas se creará un perfil genético que, como una huella digital biológica, permitirá cruzar información con evidencias recolectadas en otras escenas del crimen. Si la persona resulta absuelta, su perfil debe ser eliminado. Si es condenada, su información podrá conservarse por un tiempo limitado. Solo personal autorizado de la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Judicial podrá acceder a esa base, y siempre dentro del marco de una investigación penal.Por ejemplo, en Dinamarca, la implementación de un banco similar logró reducir la reincidencia hasta en un 42 % en un año.
Pero aquí hay que hacer una aclaración importante: nadie puede ser obligado a entregar muestras biológicas en contra de su voluntad. Ni siquiera con orden judicial. Así lo ha señalado la Corte Constitucional desde hace más de dos décadas. En la sentencia C-293 de 2002, por ejemplo, el alto tribunal declaró inexequible la norma que permitía ordenar exámenes médicos al procesado sin su consentimiento, recordando que ello violaba su derecho a la intimidad, a la dignidad y, sobre todo, al principio de no autoincriminación. En otras palabras, así como nadie está obligado a declarar contra sí mismo, tampoco puede ser forzado a entregar una gota de saliva o una muestra de su pelo si no quiere hacerlo. La muestra debe ser voluntaria, o eventualmente obtenida de manera indirecta si ya existe en la escena del crimen. Pero nunca por coacción.
Frente a un panorama donde según cifras de la Fiscalía General de la Nación y de organizaciones como Dejusticia, más del 90 % de los homicidios en Colombia siguen en la impunidad, esta herramienta puede marcar una diferencia. Pero no hay que olvidar que por útil que sea una muestra de ADN, su obtención debe respetar la Constitución. La eficiencia nunca puede ser excusa para violar derechos. La ciencia puede y debe ser aliada de la justicia, siempre que camine del brazo de las garantías.
@CancinoAbog
