En las sociedades contemporáneas, usamos la expresión fuerzas vivas para referirnos a aquellos sectores sociales que tienen una participación activa, influencia o capacidad de decisión en la vida pública de una comunidad, región o país. Contrario a lo que podría pensarse en una primera aproximación, no se trata de un concepto restringido al ámbito político. Lo trasciende ampliamente, abarcando actores con representatividad real y capacidad de incidir en políticas públicas o movilizaciones sociales desde espacios tan diversos como el económico, religioso, académico, gremial, comunitario o cultural. Estas fuerzas están compuestas, en sus capas más esenciales, por ciudadanos que dan legitimidad, apoyo o resistencia a sus acciones.
Barranquilla, en su historia reciente, ofrece múltiples ejemplos sobre cómo el trabajo articulado de estas fuerzas vivas ha sido determinante para sacar adelante proyectos estratégicos, sortear dificultades y consolidar un modelo de desarrollo que ya suma casi dos décadas de avances sostenidos. Experiencias como la delimitación de las zonas Ramsar o la formulación concertada del Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca (POMCA) evidencian que sí puede haber articulación entre actores públicos, privados y sociales para proteger nuestros ecosistemas sin detener el desarrollo. Lo que se requiere es voluntad, coordinación y compromiso con el territorio.
Hoy enfrentamos un riesgo real que amenaza con alterar ese rumbo. La reciente interposición de una acción popular que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con pretensiones que apuntan a paralizar los desarrollos urbanísticos en áreas de expansión del área metropolitana representa una alerta seria. De prosperar tal acción, se generaría un efecto de congelamiento sobre proyectos que han sido legalmente aprobados, que cumplen con los planes de ordenamiento y que responden a necesidades urgentes de vivienda, infraestructura y empleo en la región.
Más allá del caso judicial específico, lo que está en juego es mucho más profundo: se trata de definir si Barranquilla quiere seguir avanzando con orden y sostenibilidad, o si permitirá que decisiones basadas en agendas individuales y percepciones acomodadas y desarticuladas frenen su progreso. No se trata de elegir entre desarrollo y medio ambiente, esa es una falacia en la que no podemos caer. Se trata de garantizar que ambos se conjuguen con inteligencia, evidencia y visión de largo plazo.
En contraste, lo que verdaderamente pone en riesgo la sostenibilidad ambiental son los procesos de urbanización informal, que avanzan sin control, sin servicios básicos, sin respeto por los ecosistemas y sin estar sujetos a ninguna planeación, lo que al final, termina afectando la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Es allí donde se originan los vertimientos sin tratamiento, la deforestación y la ocupación de zonas de protección. La evidencia técnica y la jurisprudencia lo han dicho con claridad: el desarrollo formal no es el enemigo; la informalidad desbordada sí lo es.
Frente a este escenario, las fuerzas vivas de Barranquilla están llamadas a actuar. La ciudad necesita que su liderazgo académico, gremial, técnico, político y social levante la voz en favor de un modelo de desarrollo armónico, legal y responsable. Es momento de cerrar filas en defensa del derecho a construir ciudad con reglas claras, con institucionalidad fuerte y con respeto por el medio ambiente.
Lo que debemos evitar es la improvisación, la desinformación y la judicialización desproporcionada de decisiones técnicas y administrativas que ya han sido adoptadas en el marco de la ley.
Hoy, más que nunca, nuestras fuerzas vivas están llamadas a ejercer su liderazgo con responsabilidad, con argumentos y con visión y todos, a acompañar esos esfuerzos.
* Abogada
Ex-dirigente gremial Departamento del Atlántico
