La reciente orden de captura con fines de extradición contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa Iván Velásquez, expedida por el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, no solo sorprende, indigna. Se les acusa de haber favorecido ilegalmente a la constructora Odebrecht en una investigación de corrupción. Pero detrás de esta medida judicial hay algo que huele más a retaliación política que a una justicia genuina.

Y es que no se trata de cualquier fiscal. Curruchiche fue incluido en 2022 en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, elaborada por Estados Unidos, presuntamente por usar la justicia como un arma para perseguir a opositores y beneficiar a sus aliados políticos. Este fiscal, sería la mano derecha de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, también incluida en esa misma lista. Así las cosas, deberíamos preguntarnos, ¿qué clase de legitimidad tendría esta orden?

En ese contexto, es fundamental recordar que Velásquez lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo que incomodó profundamente a las élites corruptas de ese país. Y Luz Adriana Camargo también hizo parte de ese proceso. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una especie de venganza institucional disfrazada de actuación judicial. La Interpol ya se negó a emitir la circular roja contra ellos, reconociendo que la solicitud no solo es improcedente, sino que vulnera normas internacionales.

Ambos gozan de inmunidad por su trabajo con la CICIG, respaldada por acuerdos internacionales que siguen vigentes. De hecho, podrían acudir directamente a Lyon, Francia, para solicitar la suspensión definitiva de cualquier intento de persecución a través de Interpol, invocando precisamente la naturaleza política de esta acción.

El gobierno colombiano ya expresó su rechazo categórico a esta orden de captura, señalando que no tiene sustento jurídico y contradice principios básicos del derecho internacional. Y tiene razón. No se trata solo de defender a dos personas que de alguna manera representan la institucionalidad de Colombia, sino que, se trata de proteger el principio de que la justicia no puede ser usada como garrote para callar disidentes.

La verdadera justicia no actúa por encargo, ni por revancha. Hoy más que nunca, hay que tener claro de qué lado estamos. Este no es un caso aislado, es un espejo incómodo de lo que puede pasar cuando quienes deberían garantizar justicia la convierten en herramienta de intimidación. Y eso, como región, no nos lo podemos permitir.

@CancinoAbog