Mientras el país asiste a un linchamiento del presidente Petro sin precedentes contra el Congreso de la República porque ocho senadores de la Comisión séptima del Senado presentaron una ponencia de archivo contra la irresponsable reforma laboral, la costa caribe está lista para vivir un posible apagón.

Como se ha advertido en esta columna, la crisis energética en el Caribe no se ha resuelto. La falta de pago de los subsidios 1,2 y 3 y de la opción tarifaria pusieron a Air-e y Afinia contra las cuerdas. Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en el mes de enero de este año y esto no solucionó ni la situación de la empresa, ni la reducción de las tarifas. De hecho, lo único que hizo el interventor fue decir que hubo " graves hallazgos a nivel operativo, financiero y técnico”. Pero más allá de eso, poco se ha hecho.

Ahora la situación empieza a problematizarse. Ante la falta de soluciones concretas, la Superservicios solicitó a las generadoras de energía (ENEL, EPM, Isagen e Isa Intercolombia, Celsia y AES) activar el principio de solidaridad con la empresa Air-e con el propósito de que suministren energía a mejores precios. Lo que desconoce la entidad es que esa solicitud no se puede hacer sino a través de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) encargada de los temas regulatorios. Lo grave del asunto es que el gobierno ni siquiera ha nombrado personas en esa entidad y cuando lo hace no cumplen con los requisitos mínimos como se lo ha recordado la justicia administrativa. En ese orden de ideas, la solicitud de la Superservicios excede sus competencias de regulación y control consagradas en la ley.

Pero más allá, de los asuntos técnicos y legales, lo único claro es que el gobierno Petro intentará pulverizar a las generadoras de energía al decir que no quisieron vender energía barata. Así lo hicieron también con la empresa comercializadora Air-e que fue intervenida, sin tener en consideración que la empresa tenía más de 5 billones de pesos por cobrar a usuarios y al mismo gobierno interventor.

Toda esa situación, va a llevar a un largo enfrentamiento legal entre las empresas generadoras y el gobierno, dejando al garete a los usuarios que se podrían ver abocados a un apagón en los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira.

Si sumamos a este asunto el caso de Afinia y EPM la situación se anticipa angustiante. A esta empresa y al grupo, el gobierno le adeuda más de 4 billones de pesos por cuenta de subsidios y opción tarifaria. De hecho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez ya señaló que Afinia- empresa mayoritaria de EPM- está perdiendo diariamente entre 2000 y 3000 millones de pesos. Si todo continúa de esa forma, la empresa también será intervenida y el apagón se extendería a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre.

El mecanismo del gobierno es simple. Primero, no gira los recursos que por ley le debe a las empresas, luego se les exige un servicio impecable. Al carecer de medios financieros para cumplir, el gobierno interviene. En ese momento, Petro invoca sus teorías nacionalistas y fantasiosas para decir que el sector privado y sus mafias políticas le están causando daño al pueblo colombiano. Esa dosis se la aplicaron al sector salud, al de infraestructura- con el bloqueo de las licencias ambientales dirigido por el ANLA- y al sector de gas y energía.

En el caso de la energía del Caribe, la bellaquería del gobierno señalará a los comercializadores y los generadores como responsables del apagón, además de las autoridades locales y departamentales de los lugares afectados. Preparémonos.

* Ex fiscal general de la Nación

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)

@FGFBarbosa