Prueba inequívoca del fracaso de la “paz total” de Petro, el Catatumbo deja varias lecciones. El diagnóstico fue equivocado.
Negociar por igual a todos los violentos no solo es contrario a la Constitución y a la ley sino que enreda innecesariamente el camino judicial, como quedó comprobado con el galimatías de la suspensión de órdenes de captura.
Los ceses del fuego para negociar echaron por la borda lecciones aprendidas de procesos previos, entre ellas que la presión militar sobre los violentos es fundamental para asegurar que asuman seriamente la negociación. Firmados para empezar y sin exigirle a los violentos que paren su accionar criminal, solo sirvieron, como advertimos algunos que ocurriría, para paralizar a la Fuerza Pública y, en paralelo, fortalecer a los violentos.
Renunciar a la erradicación solo generó más cultivos de coca, más cocaína, las peores cifras de incautación de la historia y el fortalecimiento de las finanzas de los grupos violentos. Para fines del 23 teníamos 253.000 h, la cocaína producida aumentó 8,5 veces más que las incautaciones y estas son proporcionalmente las menores en muchos años. Los ingresos de los grupos violentos han debido ser enormes y han de ser aún más grandes si se considera que el secuestro y la extorsión se dispararon.
Para fines del 2022, Tibú, en el Catatumbo, era el municipio con más hectáreas de coca del mundo, con cerca de 22.000 h. Tanta coca, además en la frontera con Venezuela, hacen de la zona el hábitat perfecto para los grupos criminales y su control explica en mayor parte la dinámica de violencia.
Para rematar, la Fuerza Pública, por decisión del gobierno y por incapacidad, renunció a hacer control militar del área, se replegó a los cuarteles y dejó de combatir a los violentos.
El Catatumbo demuestra que en cualquier esfuerzo para poner fin a la violencia pasa por atacar a fondo la coca y la cocaína, por desatar la manos a la Fuerza Pública y mejorar sustantivamente su inteligencia (las advertencia de lo que se venía en el Catatumbo las hizo la Defensoría) y su capacidad operacional, y por ejercer control militar del área y control territorial general por el Estado.
La otra parte de la violencia en la zona se explica por razones geopolíticas. El Eln se convirtió en un grupo paramilitar en Venezuela y en un instrumento del régimen chavista para asegurar mejor su frontera. Estas alianzas, que en sí mismas constituyen una grave violación al derecho internacional, sí deberían estar en el centro del relacionamiento con Caracas. Colombia debe garantizar a Venezuela que no interferirá en sus procesos internos pero desde allá tiene que cesar todo relacionamiento con los criminales colombianos que, además, deben ser expulsados.
En fin, no se conseguirá terminar la violencia a punta de verbo, voluntarismo y sin método. Me atrevo de nuevo a sostener que ya no hay espacio ni legitimidad para negociaciones con los bandidos. La paz pasa por la aplicación de la ley a los criminales, la justicia, el control del territorio por el Estado y el fortalecimiento de la Fuerza Pública, y la generación de condiciones de seguridad que permitan crecimiento económico sustantivo y, para empezar, eliminar la pobreza extrema.
@RafaNietoLoaiza
