Cuando el premio Nobel de Economía Milton Friedman dijo: “Copien lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos, no copien lo que hacen ahora que ya son ricos” se refería a la teoría de la industria naciente desarrollada por los economistas Alexander Hamilton y Friedrich List, la cual sostiene que, las nuevas industrias en los países en vía de desarrollo, necesitan protección contra las presiones competitivas hasta que maduren y desarrollen economías de escala que puedan rivalizar con sus competidores.
Claramente, esta teoría no fue tenida en cuenta por los burócratas gremiales y jefes de la cartera de Industria, Comercio y Turismo (MinCIT), responsables de poner en marcha el Tratado de Libre Comercio -TLC- entre Colombia y Estados Unidos. Por este tremendo descuido, nuestra balanza comercial con los Estados Unidos, pasó de tener un superávit por encima de los 8.000 millones de dólares en 2012, a presentar un déficit de -2.106 millones de dólares en 2023, según cifras de Analdex y MinCIT.
Los acuerdos bilaterales son para establecer autopistas de comercio de doble vía en igualdad de condiciones, para contribuir en el aumento de divisas, empleos y riqueza. Nada de eso pasó en Colombia, en 12 años de operación del TLC con los Estados Unidos. A los incautos empresarios del agro colombiano, les pintaron pajaritos en el aire con la desgravación de los aranceles y la potencial demanda de carnes, frutas y verduras en el mercado estadounidense, pero no les contaron de las barreras y normas regulatorias de admisibilidad impuestas por Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), la Food and Drug Administration (FDA), Environmental Protection Agency (EPA), la U.S. Customs and Border Protection (CBP) y el Food Safety and Inspection Service (FSIS), por sus siglas en inglés.
Doce años después, aparte de las exportaciones tradicionales de café, flores, azúcar y banano, logramos poner en el mercado de los Estados Unidos -a duras penas-, algo de hierbas aromáticas, limón Tahití, filetes de tilapia, uchuvas y aguacate hass. Mientras tanto, en el 2023, le compramos a los agricultores de los Estados Unidos más de 4.000 millones de dólares en maíz, soya, arroz, carnes, aceites y otros productos alimenticios que podríamos producir en nuestro país, si los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y el actual, hubiese realizado las inversiones en bienes públicos que requiere el sector agropecuario para lograr ser competitivo.
Las políticas y programas de fomento a la competitividad agro exportadora fueron un saludo a la bandera. De nada han servido los miles y miles de millones de pesos gastados en el Ica, Invima, Procolombia, Bancoldex y las carteras de Agricultura y de Comercio, para tal propósito. Lo peor del cuento, es que ninguna autoridad les hizo un juicio político ni fiscal a los responsables de este mal acuerdo comercial, por el daño causado a varios sectores de la economía del país. Por el contrario, muchos de ellos pasaron a ocupar altos cargos en organismos bilaterales, gremios y empresas que fueron beneficiadas con dicho tratado comercial. El perverso mecanismo de “La puerta giratoria” entre lo público y privado, donde la ética de los burócratas se convierte en doble moral.
