Cuando hablamos de minería, lo primero en la mente es la idea de destrucción: paisajes arrasados, comunidades empobrecidas y recursos saqueados. Sin embargo, esta visión no siempre refleja la realidad.

Hay casos concretos que demuestran cómo la minería puede ser un motor de progreso, capaz de transformar territorios y mejorar la calidad de vida de las personas.

Existen ejemplos emblemáticos en diferentes partes del mundo donde la minería ha sido un motor de transformación social y económica. En Canadá, por ejemplo, los territorios mineros no solo generan empleo, sino que también han impulsado la construcción de hospitales, colegios y sistemas de transporte que conectan comunidades remotas.

En países como Chile, la minería ha sido la columna vertebral de su economía, permitiendo inversiones significativas en infraestructura y educación. Estas experiencias nos enseñan que, con una gestión adecuada, la minería puede ser sinónimo de bienestar para las comunidades.

En nuestro país, desafortunadamente los municipios mineros no han invertido de la mejor manera los recursos de la minería legal.

No obstante, la inversión social y ambiental de municipios mineros y no mineros de todo el país proviene principalmente del sistema nacional de regalías ¡Sí señores gracias a la minería y los hidrocarburos tenemos inversión social!

Gracias a regalías bien dirigidas y un trabajo conjunto entre las empresas, las comunidades y el Estado, muchas regiones del país han logrado mejorar su infraestructura vial, construir escuelas, fortalecer los sistemas de salud y llevar servicios básicos a lugares que antes parecían olvidados. Estas son historias de transformación que demuestran que la minería no tiene por qué ser un calvario.

El verdadero desafío está en cómo se gestiona la actividad. La minería irresponsable e ilegal, que no respeta el medio ambiente ni a las comunidades, sí deja cicatrices profundas, y cero inversiones, al contrario, genera pobreza, inseguridad y funcionan como financiadoras de grupos al margen de la ley.

No existe hoy en el país un territorio donde exista pequeña minería con métodos tradicionales que no estén arropados por grupos al margen de la ley quienes comercializan sus productos mineros en un mercado ilegal. Por otro lado, una minería bien regulada, ética y sostenible puede ser una palanca para el desarrollo.

Esto requiere empresas comprometidas, un Estado que fiscalice con rigor y comunidades empoderadas que participen activamente en la toma de decisiones. Cuando estos actores trabajan en conjunto, los resultados son palpables.

Es momento de dejar atrás los prejuicios. No todos los territorios mineros son sinónimo de destrucción. En muchos casos, estos espacios han sabido convertir sus recursos del subsuelo en oportunidades para su gente. No podemos ignorar esas historias; necesitamos reconocerlas, aprender de ellas y replicarlas.

Apostar por una minería responsable significa apostar por el desarrollo de nuestras regiones. La riqueza mineral, cuando se gestiona correctamente, puede ser una herramienta poderosa para cerrar brechas, llevar oportunidades a los territorios más apartados y construir un futuro más justo y sostenible. Es un camino posible, pero requiere compromiso, voluntad y acción.

*Director Observatorio de Transición Energética del Caribe OTEC – Universidad Areandina