El Gobierno Nacional ha decidido respaldar un proyecto de ley que busca restringir el acceso de menores de 14 años a las redes sociales. La iniciativa, impulsada por el Centro Democrático, ya superó su primer debate en la Comisión Sexta del Congreso y plantea medidas como prohibir que los niños abran cuentas sin autorización de sus papás y establecer un “toque de queda digital” después de cierta hora de la noche. Y si, también sorprende que sectores políticos que siempre tienen posiciones contrarias, estén de acuerdo, lo que deja en evidencia que es una preocupación latente.
Es claro que hay que proteger a los menores de los peligros de las redes, incluyendo temas muy delicados como delitos sexuales, el ciberacoso y la exposición a contenido que no es apropiado para ellos. Incluso, esta propuesta coincide en un momento donde casos como el reciente crimen que involucra al hijo de un oficial de policía en Bogotá, evidencian el riesgo que enfrentan los niños en estas plataformas.
La realidad no se puede negar, muchas veces ni siquiera los adultos sabemos filtrar la información que hay en redes sociales, imaginémonos un niño. Otros países ya han tomado medidas similares. En Australia, por ejemplo, se aprobó una ley que restringe el acceso a redes sociales para menores de 16 años, en Canadá hay bloqueadores geográficos para que en redes sociales no se puedan compartir noticias y en China, TikTok está totalmente prohibido.
¿Pero cómo se hace esto en la práctica? Aquí es donde el proyecto se complica. ¿Cómo se va a verificar la edad de los menores? ¿Los padres tendrán que firmar un permiso digital? ¿Se pedirá algún documento para abrir una cuenta? Estas preguntas no tienen respuestas claras y, siendo honestos, son un gran desafío técnico y logístico. Pensemos en la cantidad de menores que actualmente usan redes sociales mintiendo sobre su edad. Plataformas como Instagram o TikTok permiten registrarse con un simple “acepto” y un clic. La sugerencia es un sistema de verificación real que implicaría el uso de datos biométricos, ya sea, reconocimiento facial y contrastarlo con un documento de identidad válido, en el caso de nuestro país, la tarjeta de identidad y la cédula.
Sin embargo, esta situación me llevó a pensar que no todo es prohibir. Aunque limitar el acceso a las redes puede ser un primer paso, no es suficiente. Prohibir sin educar no resuelve el problema. Es fundamental que los menores, desde pequeños, reciban orientación sobre el uso responsable de la tecnología. Si no se les enseña a gestionar el contenido que consumen y a identificar riesgos, cualquier restricción terminará siendo un paño de agua tibia.
Esta propuesta abre un debate necesario. Las redes sociales no son un simple espacio de entretenimiento; también son una puerta a peligros reales. Pero regularlas de manera efectiva requiere más que buenas intenciones. Se necesitan planes concretos, tecnología adecuada y, sobre todo, educación. Porque al final, prohibir sin formar a los usuarios solo aplaza el problema, no lo resuelve.
