La presencialidad en los juicios penales debía significar una mejora en el sistema de justicia, según quienes la defendían. Sin embargo, la realidad, como lo hemos advertido, demuestra todo lo contrario. Esta semana, los trabajadores de la rama judicial entraron en paro, con muchas razones válidas, entre las cuales está la sobrecarga laboral y el incumplimiento de las promesas del Gobierno. En este panorama, suspendiendo sus actividades y cerrando el centro judicial de Paloquemao, lo cual resultó en la cancelación de múltiples audiencias que estaban programadas para llevarse a cabo de manera presencial. El impacto es profundo: la justicia no solo se retrasa, sino que se vuelve inaccesible.

A los problemas logísticos que ya existían se suman los derivados de este cese de actividades. Las salas de audiencia, en muchos casos, son insuficientes para cubrir la demanda de los procesos en curso; y cuando están disponibles, enfrentan limitaciones básicas como la falta de conexión a internet. Este es un recurso imprescindible en una era donde la digitalización ya no es un lujo, sino una necesidad operativa para el sistema judicial. Además, la movilización de personas privadas de la libertad, quienes tienen derecho a asistir a sus propias audiencias, se ve afectada, agravando la situación de indefensión en la que muchas veces se encuentran estos individuos. Este panorama también evidencia una preocupante desigualdad entre las partes. Se le exige a la defensa y la fiscalía asistir presencialmente, pero a los representantes de víctimas no.

La situación exige una respuesta contundente y realista: el retorno a la virtualidad es la única solución viable para garantizar la continuidad de los juicios penales en Colombia. La pandemia demostró que el sistema judicial, mediante audiencias virtuales, podía adaptarse y seguir avanzando sin los obstáculos logísticos que hoy colapsan la presencialidad. Al eliminar la necesidad de trasladar a las personas privadas de la libertad, los problemas con las salas de audiencia, y los costos asociados al transporte, la virtualidad permite no solo ahorro de recursos, sino también una administración más eficiente de la justicia. Las audiencias virtuales también permiten la inclusión de todos los actores, asegurando que víctimas, defensores y acusados puedan participar en igualdad de condiciones, sin barreras físicas ni económicas.

Mantener la virtualidad ofrece además la ventaja de la accesibilidad, una necesidad esencial en un país con tantas zonas rurales y de difícil acceso, donde las limitaciones de transporte y conectividad impiden el adecuado seguimiento de muchos casos. La tecnología permite que la justicia esté al alcance de todos, agilizando los tiempos procesales y reduciendo los índices de congestión judicial. A través de un sistema virtual adecuado y con los recursos suficientes, la justicia en Colombia podría responder a las exigencias del proceso penal moderno y garantizar que todos, sin importar su ubicación o condición, puedan ser parte activa y presencial, aunque sea de manera digital, en el ejercicio de sus derechos fundamentales.