Desde la Constitución de 1991 hasta ahora, con razón y con una enjundia admirable, el gobernador Eduardo Verano ha impulsado la constitución de la región Caribe que permita la creación de un formato práctico, constitucional, territorial, económico, camino hacia una descentralización de manejos y recursos que se diluyen, se atomizan en las esferas centralistas y dejan a los departamentos del país con una travesía insegura de inversiones y progreso por falta de partidas presupuestales seguras.
En este sentido como en muchos, Verano es un aliado que las regiones colombianas con él tienen una deuda absoluta. Inclusive en el plebiscito regional de hace algunos años más de dos millones de votos le dieron el respaldo, el apoyo, la fuerza para seguir el proceso, pero en las puertas de las decisiones gubernamentales bogotanas la parálisis ha vuelto a ser reiterativa. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por celos?¿Por envidia? No. Es solamente el temor de que la región en Colombia asuma su propia ruta y marque el sendero sin el control del centralismo nefastamente dominante y egoísta durante más de cien años.
La autonomía de decisiones y manejo de recursos debe defenderse porque además de ser lógico, cada quien que maneje lo propio. Estos recursos no pueden destinarse a otros frentes de trabajo. El Sistema General de Participaciones, SGP, debe ser manejado por cada departamento a través de un proceso en curso que inclusive estructura la elección de autoridades propias que es lo más elemental en cualquier camino hacia una descentralización. El solo hecho de que un poco más del 20 % de los ingresos corrientes de la nación se distribuyan a la provincia, llámese departamentos o municipios, es ya una legendaria injusticia violatoria de la constitución que ordena una mitad para la nación y otra mitad para las provincias.
La Costa Caribe debe estar pendiente y alerta para el desarrollo en los próximos meses de este proceso, no descuidando el avance de los pasos legales que están en su última etapa. Pero sobre todo señalarle al Gobierno nacional en este momento que no es una súplica ni una mano mendiga entendida, sino una obligación constitucional. En esto debemos mucho los departamentos caribes estar alerta porque ya sabemos en principio que no gozamos de la simpatía de este gobierno que ha demostrado un rechazo a todo lo que sea nacido oriundo de esta sección geográfica. Con el desarrollo y entrada con fuerza en la RET debemos estar superalertas.