Como es bien sabido hizo tránsito de la anterior legislatura de las sesiones del Congreso de la República a la actual el proyecto de acto legislativo 018 de 2024 Senado y 437 Cámara, reformatorio de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, concerniente al Sistema General de Participaciones (SGP), el cual constituye una bolsa de recursos que le transfiere la Nación a la entidades territoriales, los cuales fueron objeto de dos enmiendas, el Acto legislativo 01 de 2001 y 04 de 2007, en desmedro del mismo.
En plata blanca, entre los años 2002 y 2023, por cuenta de tan nefastas reformas los departamentos, distritos y municipios del país dejaron de recibir la friolera de $388 billones. Recursos estos que al tener como destinación específica la salud, la educación y el saneamiento básico, el financiamiento de estos quedó diezmado en detrimento de la calidad de vida en las regiones. Y de contera, con la recentralización que se ha experimentado en los 33 años de vigencia de la Constitución Política, la Nación le ha delegado a las entidades territoriales varias de sus funciones y competencias, pero sin recursos para asumirlas.
Con este proyecto, entonces, se busca por parte de las regiones resarcirse de la lesión enorme que les significaron los recortes de las transferencias que se derivaron de esos funestos actos legislativos. Dicho de otra manera, se trata de restablecer la senda perdida de crecimiento de sus recursos, de tal manera que entre los años 2027 y 2036, escalonadamente, se llegue al 46,5 % de los ICN, como lo previó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Ante tan justo reclamo, el presidente de la República, Gustavo Petro, le dio su espaldarazo a este proyecto de origen parlamentario, liderado por el senador Guido Echeverri y ello le dio el impulso que le faltaba para su aprobación en primera vuelta. Además, se ha comprometido con Fecode a respaldar e impulsar este proyecto. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que desde la llanura auspició e impulsó esta iniciativa, al momento de asumir la cartera y anunciar los proyectos prioritarios para el Gobierno para su trámite en la presente legislatura destacó este, tan caro a sus afectos.
Dicho lo anterior, no salimos de nuestro asombro por el veto del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues según él este proyecto “viola la Constitución y rompe la regla fiscal”, al tiempo que su subalterno, el jefe de Crédito Público, José Roberto Acosta, se explayó diciendo que “transferir 9,2 % del PIB en 2036 a municipios y departamentos para el período 2027 – 2036, sin que se definan competencias y destino de esos dineros, viola el artículo 334 de la Constitución y materializa una federalización a las malas”. Cabe preguntarse desde cuándo una reforma a la Constitución es inconstitucional. La reacción desde las regiones no se ha hecho esperar, el referendo por la autonomía fiscal de las regiones ha cobrado vuelo y ya el número de firmas superó el millón. El presidente Petro y el ministro Cristo tienen la palabra!
