Tan pronto se conoció la decisión mayoritaria de la Sala Plena del CNE de abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, representada, entre otros, por el candidato Petro y el gerente Roa, por presunta violación de los topes electorales, el presidente Petro asumió un comportamiento inmoderado y la emprendió, aludiendo a circunstancias personales y familiares no probadas, contra varios magistrados. Como de costumbre, aprovechó para invitar a la “movilización del pueblo”.

Esta vez ya no habló de golpe blando, o “lawfare”, como algunas veces lo ha mencionado con su extraño anglicismo, sino que, intentando incrementar la radicalización entre sus huestes, ahora dice “golpe de Estado” en su contra.

El mismo presidente del CNE precisó que el alcance de esa investigación es determinar si hubo, o no, las presuntas violaciones de los topes económicos y de las reglas para las campañas. Con esa decisión el CNE no pretende enjuiciar ni busca remover al presidente; es claro que esa competencia es del Congreso de la República.

Los colombianos necesitamos conocer qué ocurrió. Si existe la norma para esas posibles o presuntas violaciones lo más indicado es que se investiguen. Hacerlo no debería interpretarse, como emocionalmente lo hace el presidente, como una estrategia que tiene el propósito de darle un golpe de Estado.

Curiosamente, la fiscal general ha anunciado que se dará trámite a una demanda presentada contra los magistrados del CNE. Podríamos estar ad portas de un pago de favores que alimentará la polarización, mientras el país se sigue descuadernando.

Muchos colombianos nos preguntamos: ¿por qué será que el presidente no acude a la sindéresis que debe tener para controvertir con altura intelectual y jurídica esa decisión del CNE, cuya competencia ha sido ratificada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en vez de asumir posiciones agresivas contra la institucionalidad y contra las personas que la representan?

Probablemente el presidente, fiel a su personalidad y estilo, lo prefiere así para camuflar los deficientes resultados de su gobierno, y continuar haciendo lo que más le gusta: la agitación social y la confrontación; todo lo contrario de lo que pretende el supuesto acuerdo nacional que ahora intenta promover su ministro del Interior.

Esa evidente incoherencia gubernamental podría tener como propósito final crear un ambiente social propicio para sus intereses electorales en el 2026.