Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un comunicado que ha generado una considerable preocupación en el ámbito político y jurídico del país. En dicho documento, el CNE informó sobre la supuesta formulación de cargos en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, señalando posibles irregularidades en el manejo de fondos de hasta cinco mil millones de pesos. Sin embargo, el foco de atención ha recaído en una afirmación preocupante que se encuentra en el comunicado: parece dar a entender que se ha investigado y procesado directamente al presidente electo.

Esta insinuación resulta alarmante desde una perspectiva constitucional, pues es claro que el presidente goza de fuero especial. Según la Constitución, el presidente solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Cualquier intento de imputación por parte de un órgano que no tenga la competencia para ello constituye una violación de las garantías constitucionales que protegen al mandatario.

Lo más grave es que, en lugar de centrarnos en la presunta irregularidad financiera que involucra cinco mil millones de pesos, la atención pública se desvía hacia esta violación de las garantías procesales del presidente. El hecho de que se confunda el proceso investigativo, e incluso se sugiera que el CNE tiene facultades que no le competen, genera un ambiente de inseguridad jurídica. Esta confusión no solo debilita la credibilidad de las instituciones, sino que también impide que se discutan a fondo las irregularidades financieras que motivaron la investigación en primer lugar.

Es imperativo que el CNE aclare el sentido de su comunicado. De no hacerlo, se corre el riesgo de que las investigaciones por corrupción o irregularidades graves queden en segundo plano, ya que la atención se centra en los errores procesales cometidos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El caso de Gustavo Petro pone en evidencia que, más allá de las cifras o los posibles delitos, lo que está en juego es el respeto a las garantías constitucionales y el debido proceso.

En este contexto, el llamado es a que la Comisión de Acusaciones cumpla su rol constitucional, y que el CNE se mantenga dentro de los límites de sus facultades. Solo así podremos asegurar que se investiguen las irregularidades, si las hubiere, sin vulnerar los derechos de quienes ostentan cargos de elección popular. La democracia se fortalece cuando sus instituciones actúan dentro del marco de la ley; lo contrario solo genera desconfianza y confusión.