Los informes presentados esta semana por el presidente del Congreso, Ernesto Macías; y por el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, sobre la situación moral y fiscal del país, dejaron a todos los colombianos muy preocupados.
Con esas alarmantes cifras de endeudamiento y despilfarro de dineros público que deja el saliente gobierno de Juan Manuel Santos, no queda otro camino que el de tomar medidas urgentes para atajar esta hemorragia de la corrupción y la ineficiencia pública que sigue desangrando las finanzas públicas del Estado.
Una de las acciones prioritarias y necesarias para salir de este desastre fiscal, es recortar de tajo el presupuesto de funcionamiento. Los ministros deberían suspender en estos 30 días todos los gastos innecesarios de publicidad, los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas, reducir en un 80% el uso de vehículos oficiales y escoltas, restringir los gastos de viajes y comisiones oficiales, fusionar entidades que tengan duplicidad de funciones y suspender todos los contratos y convenios con vigencias futuras que no tienen ningún impacto en el crecimiento de la economía del país.
De la igual manera, deberían entregarle al presidente Duque un listado de leyes, decretos y resoluciones obsoletas para que sean derogadas, ya que obstaculizan la competitividad del país. El desarrollo de nuestra nación está estancado por el exceso de regulación a los sectores productivos y la exagerada tramitología que se han inventado los funcionarios públicos para obtener beneficios económicos a través de la perversa práctica del chantaje y el soborno. Ojalá comiencen por las Corporaciones Autónomas Regionales, el ICA, Invima y la Aduana Nacional. Es hora de sistematizar todos los procesos normativos, los softwares no saben de coimas.
Otra medida urgente para reducir el derroche en el gasto público es suprimir las 67 contralorías territoriales, tal como lo ha venido planteando el Contralor Maya. La vigilancia de la gestión fiscal debería realizarse a través de compañías especializadas en auditorias y revisoría fiscal, que permitan establecer el grado de eficiencia de las entidades públicas, bajo la inspección y vigilancia de la Contraloría General. La venta de la totalidad de los inmuebles improductivos y de algunas empresas comerciales e industriales del Estado, serían otra alternativa importante de alivio fiscal para la nación.
Otra medida que ayudaría a mejorar la gestión fiscal es la redistribución del Presupuesto General de la Nación. Es absurdo que los sectores que mueven la economía del país, como son la industria, comercio y turismo, transporte, ciencia y tecnología y el agropecuario, solo les hayan asignado un presupuesto de $10,7 billones para el 2018, mientras que para inclusión social y reconciliación destinaron una chequera de $11,2 billones. Ya ven porqué la economía crece poco y la corrupción crece mucho.
Al presidente Duque no solo le dejaron la olla raspada, también se la dejaron empeñada hasta el 2020, si llega a implementar estas medidas de urgencia en los próximos seis meses podrá tener un panorama fiscal menos grave en el 2019, para poder ejecutar su plan de gobierno.
