En la Semana Santa del año 2010 tuve la oportunidad de conocer Nabusímake, un sitio mágico enclavado en la parte suroriental de la Sierra Nevada, sobre el municipio de Pueblo Bello, a unas tres horas de Valledupar. Para llegar a la capital arhuaca hay que contratar a un experto baquiano que conduzca durante dos horas una de las carreteras más peligrosas del país, porque esa comunidad indígena no ha permitido que el Estado la arregle.
En Valledupar, las comunidades indígenas arhuacos, koguis, wiwas y kankuamo no han permitido la construcción del embalse Los Besotes sobre los arroyos Palenque y Capitanejo, afluentes del río Guatapurí, para almacenar 37,1 millones de metros cúbicos de agua que servirían para mitigar el riesgo de inundaciones y al mismo tiempo garantizar agua potable a más de 500.000 habitantes, y el riego de unas 10.000 hectáreas agrícolas para producir alimentos en época de sequía.
De la misma manera, se opusieron a la construcción de 243 km de doble calzada de la Ruta del Sol sector III, entre el Valledupar y la Y de Ciénaga, por donde transitan 6.500 vehículos diarios. Fueron casi cuatro años de consultas previas sin poder lograr un acuerdo con estas comunidades indígenas. Lo insólito de este proceso, es que los puntos sagrados por donde pasa esta vía están en propiedades privadas, lo cual dificulta aún más la interpretación de la norma. Mientras tanto, siguen aumentándose los accidentes en esa peligrosa vía y estancándose cada día más la competitividad del país.
Este mismo viacrucis lo han sufrido las comunidades de los municipios, corregimientos y veredas de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, localizados dentro de la Línea Negra que marca los límites de los territorios de las comunidades Arhuaca, Koguis, Wiwa y Kankuamo. Llevar energía, gas natural o redes de telefonía celular a esas familias requiere del permiso previo de unas comunidades indígenas que ni siquiera están asentadas en esas poblaciones. La consulta previa, creada como un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas cuando se va a realizar proyectos u obras dentro de sus territorios, para proteger su integridad cultural, social y económica, se ha vuelto un mecanismo perverso y politizado.
Con el decreto que piensa dejar firmado el presidente Santos antes del 7 de agosto, extendiendo el territorio ancestral de estas cuatro comunidades indígenas de la Sierra Nevada hasta las áreas metropolitanas de Santa Marta, Valledupar y Riohacha, y las zonas agrícolas y ganaderas de los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira, el tema se va a complicar aún más. Ya varias solicitudes de créditos para la siembra de nuevos proyectos de banano orgánico y la construcción de proyectos hoteleros en la zona de Palomino comenzaron a verse afectados por esta apresurada medida. La misma suerte correrán los nuevos proyectos de inversión en los sectores portuario, industrial y residencial.
En conclusión, la Línea Negra que nos deja de regalo de despedida el presidente Santos solo traerá más corrupción, atraso social y económico a la Región Caribe. Ojalá recapacite de aquí al lunes.
*Experto en financiamiento agropecuario
