La enfermedad letal que padece Electricaribe se llama desinversión. Una empresa con todos sus activos a la intemperie en un clima hostil que en 10 años no ha remplazado casi nada de lo que se deteriora diariamente, está abocada al colapso. Los expertos han estimado las necesidades de inversión solo para compensar la obsolescencia en $240.000 millones anuales. Y eso no es para atender el crecimiento de la demanda regional, que crece un 50% más rápido que en el resto del país. Es solo para lo que los anglosajones llaman “capital para permanecer en el negocio”. En otras palabras, quienes no realizan esas inversiones indispensables están de facto saliéndose del negocio.
Pero hay más, bajo los designios de Gas Natural Fenosa (GNF) se remplazaron cientos de kilómetros de cable de cobre por cable de aluminio, mucho menos resistentes al medio ambiente, un despropósito técnico o ético inexplicable. Y lo que resulta tanto o más incomprensible, las inversiones en el Sistema de Transmisión Regional (STR), que eran responsabilidad y prerrogativa, es decir deber y derecho, de la empresa, tampoco se acometieron. Ante el riesgo asociado, la Creg tuvo que abrir a terceros inversionistas la opción de meterse en el territorio de Electricaribe a hacer esas inversiones, habiéndose adjudicado 14 convocatorias a diversas empresas del sector que ya han comprometido cerca de $1,2 billones en los 28 proyectos que las componen. Muchos años antes de su insólita demanda al gobierno colombiano por una supuesta expropiación, GNF se había dado a la tarea deliquidar su negocio sin pausa.
Ahora bien, según la nueva reglamentación de la tarifa de distribución, el inversionista podrá comenzar a cobrar las inversiones desde su presupuestación. Es decir, anticipándose a la entrada en servicio de las mejoras relacionadas. Señal que podría ser bien recibida por un potencial inversionista u operador. Salvo por el hecho de que será muy mal recibida por unos usuarios que comenzarán a sentir el disparo de las tarifas por un servicio que inevitablemente seguirá deteriorándose antes de comenzar a mejorar. Con un rezago de billones, se estima en al menos dos años el período de fuertes inversiones antes de que la disminución en la frecuencia y duración de las interrupciones del servicio sean notorias en la región.
La única manera de conciliar esos dos requerimientos antagónicos es que el Gobierno nacional asuma, sin cargo a la tarifa, es decir sin trasladárselas al nuevo operador, las inversiones por $1,5 billones correspondientes a los dos primeros años. A lo cual hay que agregarle otros $1,2 billones para asumir los pasivos pensionales dejados de financiar por la secuencia de los tres accionistas mayoritarios que ha tenido Electricaribe en los últimos 20 años. Es indispensable que la nación asuma su responsabilidad de gestión, de control y de inversión en la solución de un problema económico y social de envergadura nacional.
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