La crisis territorial de Cataluña está provocando altos niveles de agobio, desesperación y también aburrimiento en la sociedad española, y buena parte de la catalana. Después de que el Estado central interviniera el gobierno autonómico tras la declaración unilateral de independencia en octubre pasado y ordenara nuevas elecciones, se esperaba que esta semana acabara el tiempo de incertidumbre con la votación de un presidente de Cataluña en el Parlamento de Barcelona. Pero no. La agonía seguirá por lo menos un par de semanas más porque la presidencia de la cámara, controlada por los separatistas, aplazó la sesión por falta de “garantías legales”.
El problema tiene nombre y apellido: Carles Puigdemont. Después de que el Estado central le destituyera, el expresidente catalán huyó a Bélgica para esquivar a la justicia española que le busca por los delitos de rebellión, sedición y malversación. De momento, el líder separatista no parece que volverá a Cataluña, donde sería detenido inmediatamente. Sin embargo, insiste en ser el presidente “legítimo”, confirmado por los votantes en las elecciones del 21 de diciembre. Hay que respetar la voluntad del pueblo catalán, dicen los separatistas, a pesar de que el partido de Puigdemont obtuvo un mero 21,6% del los votos, menos que los unionistas de Ciudadanos y solo ligeramente por encima de los republicanos de ERC, su rival en el campo independentista. No es un mandato inapelable.
El Tribunal Constitucional ha confirmado lo que casi todos los expertos en derecho venían diciendo: para ser elegido presidente es imprescindible estar presente en el Parlamento. Puigdemont soñaba con la posibilidad de ser votado a distancia, con una intervención en el debate de investidura por vídeo desde Bélgica. La situación está clara: si quiere repetir como jefe del ejecutivo catalán debe volver a Cataluña y presentarse ante el juez. Mientras no haya sentencia en firme, tiene el derecho a ocupar un cargo público, aunque esté en cárcel provisional como otros exministros catalanes.
Puigdemont tiene secuestrados a los tres partidos separatistas con su reivindicación de ser el legítimo presidente. Pero incluso entre los independentistas está creciendo el hartazgo con el papel del autoexiliado líder que bloquea una salida de la situación. Hay muchos separatistas que desean que Puigdemont se quite de en medio para facilitar la elección de otro dirigente sin problemas con la Justicia. El objetivo principal de los independentistas después de la intervención del gobierno central en octubre era recuperar las instituciones, es decir volver a tener el poder en Cataluña. Lo tienen al alcance gracias a sumar mayoría de asientos en el Parlamento, si no fuera por Puigdemont. Espero que la obstinación de este acabe fastidiando a sus propios seguidores. Seguro que también les horroriza la idea de que el actual impase pueda desembocar en nuevas elecciones con lo que la incertidumbre continuaría durante meses.
@thiloschafer
