En medio de las tensiones por el conflicto de Cataluña las partes hicieron ayer una breve tregua para luchar por un objetivo común. La ministra de Sanidad de España, Dolors Montserrat, el consejero de Salud del gobierno catalán, Antoni Comín, y el teniente alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentaron en Bruselas la candidatura de la capital de Cataluña para acoger la Agencia Europea del Medicamento (más conocida por sus siglas en inglés, EMA). Se trata de uno de los organismos más importantes de la Unión Europea, con unos 900 empleados directos y que atrae un gran número de lobbies y expertos.

El conflicto político podría dar al traste con las opciones de una gran metrópoli, que en principio parece predestinada para albergar la agencia por sus buenas conexiones, ambiente multicultural e importante industria farmacéutica. Pero en las últimas semanas la imagen ha sido bien distinta. La preocupación por una posible declaración de independencia unilateral por parte del gobierno catalán ha provocado un éxodo de empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña. El gobierno de España ha subrayado mucho el alto costo económico que puede tener la crisis a mediano plazo y ha rebajado la previsión de crecimiento para 2018. Por otro lado, los separatistas proyectan de cara al extranjero la imagen de un supuesto Estado represor, apoyándose en la desafortunada e inaceptable violencia policial el día del referéndum ilegal del 1 de octubre y la detención el lunes pasado de los líderes de las dos principales organizaciones civiles del independentismo, acusados de “sedición”.

En estas circunstancias resulta impensable que en Bruselas opten por Barcelona, teniendo como alternativa ciudades como Milán, Viena o Amsterdam. Desde la perspectiva española y catalana tiene cierta ironía el hecho de que el concurso por la EMA es el resultado del Bréxit, porque Londres ya no puede albergar organismos europeos como este. En el Reino Unido, muchos que en 2016 votaron a favor de abandonar la UE ahora se preocupan por el alto costo económico que está teniendo, y la marcha de la EMA es uno de los problemas menores. Entienden ahora que no se puede seguir disfrutando del mercado único sin aceptar la libre circulación de personas. Las negociaciones entre Londres y Bruselas están estancadas, en parte por la factura a pagar por los británicos por sus compromisos adquiridos.

También en Cataluña mucha gente que quiere una república independiente igual se ha sorprendido con la reacción de los empresarios. Más de 700 empresas ya han trasladado su sede y las inversiones, y reservas hoteleras se han frenado. En Bruselas han dejado muy claro que una Cataluña independiente saldría de la UE. Los independentistas más convencidos están dispuestos a pagar este precio, pero otros igual se lo están pensando otra vez. Los británicos que votaron por el Bréxit creían que les saldría gratis o a favor. Los catalanes, a cambio, ahora tienen una idea de que no hay independencia low cost. / @thiloschafer