Diálogo es la palabra que está en boca de todo el mundo en España y en Europa estos días con respecto al conflicto catalán. Pero, por ahora, sigue habiendo un diálogo de sordos entre Madrid y Barcelona. Después del referéndum sobre la independencia de Cataluña del pasado domingo, promovido por las fuerzas separatistas a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, las posiciones se han enrocado aún más. Y la actuación violenta de las fuerzas de seguridad del Estado contra ciudadanos pacíficos que participaban en la votación ha echado más leña al fuego.
Ahora se teme algo aún peor si el gobierno separatista declara la independencia unilateral en los próximos días, tal y como está previsto en su propia hoja de ruta después de la victoria del Sí en un referéndum que carecía de garantías legales y técnicas (sin síndicos electorales ni censo). Al gobierno catalán de Carles Puigdemont no solo no le importa romper las leyes, sino que tampoco le parece hacer falta una mayoría clara para ir adelante con su procés hacia la independencia. Según las cifras de la Generalitat –el gobierno regional–, el domingo hubo un 90% de los votos a favor de crear una república catalana, con una participación del 42%. Es decir, que alrededor de dos millones de personas apoyan la independencia en un censo de 5,5 millones. Aún así, para el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, “una inmensa mayoría de la sociedad catalana” se pronunció a favor de la separación. Cinismo puro.
Lamentablemente, la torpeza del gobierno central de Mariano Rajoy le ha dado alas a los separatistas. Las escenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil golpeando con la porra a personas mayores, mujeres y gente con las manos en alto han dado la vuelta al mundo. La intervención refuerza el convencimiento de los separatistas y sus seguidores de que ellos son los defensores de la democracia frente a un Estado supuestamente represor.
Claro que un Estado de derecho debe velar por el cumplimiento de la ley. Pero hay diferentes maneras de hacerlo y la intervención policial del domingo fue una de las peores. Sin los porrazos, los independentistas se hubieran presentado con el resultado de una votación ilegal en la que una parte de la sociedad –menos de la mitad– votó a favor de un estado propio y la otra -la mayoría- se quedó en casa. No hubiera sido un mensaje muy poderoso para lograr la complicidad de la comunidad internacional, ni de cara para dentro.
Si Puigdemont y sus socios de gobierno más radicales van adelante con la declaración unilateral de independencia, las consecuencias pueden ser nefastas. Hay muchos catalanes no independistas que apoyan el llamado derecho a decidir y por ello toleraron el referéndum del domingo, aunque no participaron. Pero esta gente sin duda se echaría a la calle en caso de proclamarse la independencia, donde se encontrarían con la celebración de los separatistas.
Una negociación política es más urgente que nunca. Lástima que Rajoy y Puigdemont no parecen estar por la labor.
@thiloschafer
