El domingo pasado, los afectados de Campo Alegre volvieron a reunirse en asamblea –una más de las tantas que han realizado a lo largo del sufrimiento por sus viviendas derrumbadas– para clamar de nuevo que la Administración de Justicia –en este caso el Tribunal Administrativo– respete sus derechos, ratificando la sentencia del juez administrativo que el 16 de agosto de 2016 repartió solidariamente las obligaciones de los responsables de esta tragedia, así: Distrito el 15%, Urbanizadora Parrish el 25%, y las demás constructoras el 60%.
Han pasado 12 años desde que miles de familias de Campo Alegre perdieron su único patrimonio –su casa– y la vaina no se resuelve. Es como una versión –también triste y humillante– de la espera sin salida del Coronel no tiene quien le escriba. Algo nada raro en este país donde lo predominante no es el respeto a los derechos sino las violaciones de estos.
Ulpiano, un prominente jurisconsulto de Roma, dijo: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. Si en Colombia se respetaran los derechos, como lo pedía Ulpiano, creo que estas martirizadas familias no hubiesen tenido que recurrir a una acción judicial para obligar a los culpables a responder por el daño producido. Sencillamente, estos habrían asumido, sin chistar, su responsabilidad de indemnizar a las víctimas. Pero estamos en Colombia. No es extraño, por eso, que las familias de Campo Alegre hayan tenido que solicitar, a través del abogado Roberto Tapia, una vigilancia especial del proceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, además, anuncian para el jueves 9 de noviembre una marcha de antorchas para pedir que el Tribunal Administrativo falle a su favor, pues piensan que podría tumbar o modificar el fallo de primera instancia del juez administrativo.
Nada de esto, insisto, debería ocurrir donde la justicia es fiel reflejo de la mujer de ojos vendados que lleva en una mano una espada y en la otra una balanza. Pero el problema es que en esta República del Sagrado Corazón la balanza no siempre se inclina a favor de los que reclaman protección a sus derechos, ni la espada cae con frecuencia sobre quienes merecen castigo. De ahí la desconfianza incrementada con los últimos escándalos que envuelven a ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a un ex alto funcionario de la Fiscalía.
¿Y saben qué es lo teso? Que todos estaban advertidos: la Alcaldía, los curadores, los constructores. Sabían que ahí no se podía pegar ni un ladrillo sin las adecuaciones técnicas indispensables en un terreno arcilloso. Y sobrevino el colapso. Lo tenaz también es que en los últimos 9 o 10 años, con cargo a la chequera de la ciudad, según Tapia, hemos tenido que pagar en subsidios de arriendo, a parte de los damnificados, unos $30.000 millones. Entre tanto, Campo Alegre sigue clamando justicia.
@HoracioBrieva
