El pasado el 29 de agosto recibí una carta del gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández, exigiéndome una rectificación a los reparos que hice en mi pasada columna sobre el manejo que le ha dado a los recursos de los arroceros y a la falta de competitividad del sector.
Claramente, el señor Rafael Hernández pretende con esa comunicación levantar una cortina de humo para desviar la atención y evadir la responsabilidad que le cabe frente a la grave crisis que están viviendo los productores de arroz del país por la caída de los precios.
Para empezar, es preocupante que el gerente de Fedearroz afirme que el origen de la problemática actual del sector arrocero “radique en la insensata actitud de la industria molinera por no participar en el incentivo al almacenamiento...”, cuando todos sabemos que este problema se inició cuando Fedearroz permitió la siembra récord de más de 400.000 hectáreas de arroz en el primer semestre de 2017, a sabiendas de que existía un inventario de 800.000 toneladas de arroz ‘paddy’ seco.
Esta falta de control del gremio permitió que la oferta se desbordara en 3,4 millones de toneladas, frente a un consumo nacional de 2,8 millones de toneladas de arroz ‘paddy’ seco. Como nuestro arroz no es una opción competitiva en el mercado internacional por los altos precios y porque tenemos cerradas las importaciones desde Ecuador y Perú, le tocó al Ministerio de Agricultura salir a resolverle el problema de la falta de planeación a Fedearroz, subsidiando el precio a los productores.
Claramente, esta crisis termina favoreciendo a Fedearroz, porque a mayor arroz en el mercado, mayor es el recaudo de dinero por concepto del impuesto parafiscal que le aplica a los arroceros del país y a las subastas del TLC con EEUU. Por el primero ha recaudado desde 1995 una cifra mayor a los $296.000 millones, que corresponde al valor anual a precios constantes de 2016, y por el segundo, más de 60 millones de dólares desde el 2012 a la fecha.
En las cifras del gerente de Fedearroz, solo han recaudado $182.846 millones por cuota parafiscal y 49 millones de dólares por recaudo de las subastas. Como las cuentas no cuadran, sería interesante que la Contraloría General de la República realizara una auditoría especial sobre el recaudo de estos recursos para que la opinión pública y los mismos arroceros conozcan cuánto, cómo y en qué se ha gastado esta millonaria suma de dinero.
Otro tema que vale la pena revisar, a la luz de la libre competencia, es la venta de semillas de arroz en Colombia. En la comunicación, el señor Rafael Hernández afirma que “el 70% del área sembrada de arroz en el país se hace con variedades Fedearroz”. Una empresa que tiene el 70% del mercado es claramente cercana a un monopolio.
Cabe anotar que en mi columna me refería al monopolio que tiene Fedearroz para acceder al material genético (germoplasma) del Fondo Latinoamericano de Arroz Riego. Las otras 6 empresas que desarrollan variedades de arroz en el país no tienen acceso a este germoplasma, ni siquiera pagando. ¿Esa no es en sí misma una posición dominante? Buena consulta para el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.
Continuará...
*Consultor
