A principios de 2012, cuando comenzó el proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, los gobiernos de ambas partes acordaron que el sistema de subastas a través de las cuales se haría la asignación del contingente de arroz, sería administrado por los representantes del sector arrocero de Estados Unidos, y del lado de Colombia, por Fedearroz.

Esta decisión obedecía a la necesidad de promover la competitividad de los productores arroceros en Colombia, aprovechando además los 6 años de gracia que se les otorgó en la negociación del TLC. La idea original fue que dichos recursos se destinaran a cerrar las brechas del eslabón primario en términos de costos de producción, productividad, investigación genética, trasferencia de tecnología e infraestructura de riego, y así ser capaces de competir frente al arroz americano.

Cinco años después, Fedearroz ha recibido alrededor de 62 millones de dólares por concepto de estas subastas de importaciones de arroz. Además de estos dineros, ha recibido unos $ 296.120 millones a precios constantes, a través del Fondo Nacional del Arroz desde 1995 (año en el que la cuota se volvió un parafiscal) hasta 2016. Este Fondo se alimenta de los aportes que hacen todos los agricultores arroceros al momento de vender su cosecha al molino aportando el 0,5% del valor de la venta.

También recibe millonarios ingresos por el monopolio que tienen sobre la venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes y por el servicio de secamiento, trilla y almacenamiento del arroz que comercializa a sus afiliados y que termina pagando en un plazo mayor al que paga la industria. Fedearroz también recibe millonarios recursos del Ministerio de Agricultura para programas de asistencia técnica, comercialización, campañas de consumo de arroz, compra de maquinaria, siembras, adecuación de terrenos e instalación de sistemas de riego.

Cinco años después de estar acumulando toda esa cantidad de dinero, el panorama de los arroceros es el siguiente: I) El rendimiento promedio por hectárea pasó de 4,48 a 4,53 toneladas, cuando debería estar en 7 toneladas. II) Las importaciones de arroz pasaron de 155.000 toneladas a 400.000 en el 2016. III) El costo de producción se incrementó en más del 23% por hectárea, por culpa de los exagerados precios del arriendo de la tierra ($2 millones por hectárea en el Tolima y $1 millón en Casanare y Córdoba). IV) Las variedades de semillas siguen siendo las mismas, el banco de maquinaria es obsoleto y la mayoría no cuenta con un sistema de riego.

Con semejante crisis inminente del sector arrocero por la falta de planeación e ineficiencia en la productividad, ¿por qué Fedearroz no ha utilizado estos millonarios recursos de sus afiliados como un mecanismo de compensación del precio? Es un tema de sentido común. Se trata de aliviar la difícil situación de los agricultores arroceros con sus propios recursos, cuando existe sobreproducción.

Si los arroceros no comienzan a ejecutar eficazmente sus recursos en mejorar la productividad, se verán abocados a una quiebra generalizada como le sucedió a México tras la entrada en vigor del Nafta. Les recuerdo que el año entrante empieza la desgravación arancelaria del arroz proveniente de EEUU. Quedan advertidos.

*Consultor en crédito de fomento agrícola