Habiendo transcurrido unas semanas de los nefastos hechos que hicieron y siguen siendo noticia en torno a la niña Yuliana Samboní, es imperioso realizar unas reflexiones sobre la realidad social y jurídica de nuestro país que cada vez se torna más irreconciliable.

Mucho ha sido lo comentado sobre este insuceso que responde a una realidad de la sociedad colombiana en torno a los comportamientos delictivos que subyacen en ella.

De las cosas que más llama la atención es ver cómo se pierde el verdadero núcleo de la situación y el repudio social frente a un hecho que no es el primero, y lamentablemente no va a ser el último de una sociedad enferma que enfrenta una de las mayores crisis axiológicas de la historia, hasta el punto de concentrarnos en reacciones que aunque humanas, debemos filtrar y decantar luego del apasionamiento que alimenta el populismo punitivo y la venganza colectiva.

Hoy no hay barreras de estratos sociales frente a la comisión de delitos; ya han ido desapareciendo conceptos como delincuentes de cuello blanco o negro, hoy quien es delincuente es proclive a serlo para cualquier delito dadas las circunstancias y las escasas fronteras del contexto social.

Pero al parecer sí está delimitado cada vez más el perfil de las víctimas de delitos de sexuales, tráfico y trata de personas, homicidios y otras formas de violencias recreadas en nuestro país, determinado por una constante: nuestros menores, personas vulnerables, desprotegidas, frágiles, con hambre, subsumidos por las condiciones del medio , y por las inclemencias y indiferencia social, y solo se disparan las alarmas cuando los medios de comunicación por días y semanas enteras enfocan su mirada en un caso concreto que abre las porosidades, estremeciendo la piel, estrujando el corazón y dejando salir los sentimientos más abyectos y ruines hacia los agresores.

Desde la Constitución Colombiana hasta el Código de Infancia y Adolescencia existen normas que protegen a nuestros menores, pero el asunto es la efectividad de las garantías, medidas y políticas vigentes que amparan y custodian sus derechos. Cuando se acude al panorama legal del derecho penal, en pro a la supra protección que gozan los menores se desdibujó el principio y derecho a la igualdad de recibir beneficios legales procesales por colaboración al sistema judicial para quienes cometan crímenes sobre ellos, en virtud de la ponderación que se hizo como una forma de protección retroactiva de los derechos los niños, infantes y adolescentes en Colombia.

Frente a la pena que se debe imponer a personas que cometen crímenes sobre menores de edad, no solo se ha hablado y especulado desde las pasiones más humanas que se despiertan cada vez que un hecho denigrante, avergonzante e infausto se vuelve noticia. Ya la Ley 599 de 2000 y sus modificaciones trae consigo agravantes punitivos para los casos en que el sujeto pasivo de conductas punibles es un menor de edad.

Muy seguramente veremos en el país como este caso será el abanderado para la creación de una Ley Yuliana, como otras leyes han existido motivadas por similares circunstancias de repudio social y mediático que trasciende a lo político, casos como el de Natalia Ponce de león para los ataques y lesiones producidas con acido, o la Ley rosa Elvira Cely sobre el feminicidio. Pero no solo se trata de crear nuevas leyes que endurezcan penas hasta llegar a la cadena perpetua y/o pena de muerte, que respondan al clamor a ultranza de sentimientos de venganza colectiva ante actos más que inexplicables, incomprensibles, que soportan la mera retribución o venganza legítima ejercido a través de la sanción penal. No se trata pues de revisar si hay o no necesidad de crear más leyes que protejan a los menores, se trata de revisar exhaustivamente y evaluar cuan efectivas son las leyes existentes.

La verdadera justicia debe hacerse no solo desde los estrados judiciales, pues esa sola responde a la llamada justicia judicial emanada de seres humanos llamados jueces, también debemos acudir a la justicia social ejercida como control de cada individuo que conforma la sociedad y de las instituciones estatales y no estatales, de la injerencia adecuada y contundente de los medios de comunicación, no solo para un caso de muchos, pues cada que alejamos la mirada y escogemos por determinados criterios de selección solo algunos casos, dejamos impune a quienes siempre merecerán de una pronta y reconocida justicia: las víctimas.

La respuesta ante la atrocidad del ser humano está en la resocialización de la sociedad, en la acción educativa de los padres en la familia, de los maestros en las escuelas y universidades, en la efectiva y oportuna intervención de los organismos estatales, pero sobre todo en la falta de alcahuetería y permisividad social que estigmatiza y engrandece a quienes no tienen merito para ello.

El reto para hacer justicia fuera de los estrados judiciales y de las cárceles está en poder replantear la pirámide de valores sociales, y con ella cambiar la dinámica social que corrompe, daña y vulnera a los más desfavorecidos y vulnerables de la estructura social; de lo contrario aunque existan penas más severas, nuevas leyes sancionadoras, estaremos condenados como sociedad a seguir padeciendo el horror que producen episodios como el de la pequeña Yuliana, no por antinomia, sino por antihumanidad: el caso Yuliana y otros más son producto de una sociedad enferma, no solo de leyes ineficaces o falta de ellas.

*Claudia Serje Jiménez, Master en sociología jurídico penal, especialista en derecho penal, candidata a doctora en sociología jurídica e instituciones políticas. Dirige el programa Derecho de Unisimón.