Por el momento puedo señalar como aciertos del modelo pactado algunos aspectos como el hecho de que el Tribunal para la Paz, propuesto en la negociación de la Habana, será integrado por jueces nombrados por una Comisión en la que habrá participación de la comunidad internacional por medio de el Papa y el Secretario General de Naciones Unidas; la justicia colombiana con la Corte Suprema de Justicia y la sociedad civil a través de la delegación colombiana del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión permanente del Sistema Universitario del Estado.

Así mismo, se ha contado con una amplia participación de la comunidad internacional al tener como garantes del proceso a países como Noruega y Cuba; además de que en la implementación del Tribunal para la Paz, se incluirán 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros, y 18 jueces colombianos y 6 extranjeros para las tres salas de justicia.

Un modelo completo.

Si bien el acuerdo de justicia transicional ha generado toda una discusión en torno a la impunidad y la paz, en parte porque no propone el juzgamiento de todos los integrantes de las Farc, debido a que es físicamente imposible abrir procesos judiciales individuales para todos ellos –una propuesta puesta en marcha en procesos como el de Alemania tras la caída del muro de Berlín donde también se estableció unos criterios de priorización ante la imposibilidad de juzgar a todos los involucrados–; se podría decir que, hasta ahora, es el más completo.

Esto se debe a que establece el enjuiciamiento de los altos mandos de la guerrilla por medio de sanciones que van de 5 a 8 años de trabajo y obras sociales sin encarcelamiento, y un máximo de 20 años de privación de la libertad en cárceles para aquellos guerrilleros que no confiesen sus delitos.

Participación activa.

Por último, el modelo de justicia transicional propuesto en Colombia, a diferencia de otros, ha contado con la participación de la rama ejecutiva en cabeza del Presidente dirigiendo, con su equipo, el proceso de negociación; el Congreso que ha legislado expidiendo la ley estatutaria plebiscito por la paz y el Acto legislativo para la Paz, y que se proyecta como el gran protagonista una vez finalice el conflicto pues será el que implemente los acuerdos mediante la expedición de reformas constitucionales y leyes.

Además el poder judicial, representado por la Corte Constitucional ha declarado constitucional el marco jurídico para la paz que hizo posible la realización de los diálogos, así como la constitucionalidad del plebiscito por la paz mediante el cual la población de Colombia decidirá si está o no de acuerdo con la desmovilización de las Farc a través de la negociación realizada.

En este sentido, se puede decir que todo el poder público del país ha sido partícipe del proceso, como no ha sucedido en ningún otro modelo de justicia transicional en el mundo.