Pancartas de rechazo, alusivas al regreso de la controvertida exbailarina y exrectora Silvia Gette a su apartamento del barrio El Golf, dejan ver la preocupación que representa para quienes organizaron un plantón en cercanías del exclusivo sector residencial. Las mujeres de la foto que llevan las pancartas no parecen habitantes habituales de la zona, lo cual hace presumir que se trata de una manifestación contratada, pero eso no le quita la importancia al llamativo y particular plantón.
Con dos procesos penales a cuestas y una condena, Gette ha protagonizado una de las páginas más particulares y sonadas de nuestra historia judicial reciente. Su vida ha sido ya representada en el cine por la coproducción colombo española La Rectora, y es una muestra patente de que la realidad supera a la ficción. Ella, por lo pronto, se mantiene en el ojo del huracán desde mucho antes de que la justicia le echara mano. ¿El motivo? Su vertiginoso ascenso social, académico y económico. Todo, producto de un coctel que parece preparado por la mismísima Agatha Christie: viuda de un esposo mayor, millonario y poderoso. Cuatro hijos y una hijastra enemistada.
Es, guste o no, un personaje de mil facetas que tiene ribetes novelescos y cinematográficos. Viene del baile de cabaret del mundo y llegó a la rectoría de una universidad. Tiene grado de abogada, especializaciones y magíster. Además le sobra carácter, decisión y mucha, mucha ambición.
Ahora, su recién otorgada prisión domiciliaria ha despertado toda suerte de interpretaciones jurídicas.
Una es el derecho que tiene por el tipo de delito que le imputan y que la condena: el soborno a un testigo en su contra por un presunto homicidio.
Otra es que, con dos procesos pendientes más, la justicia no debió haberle dado el beneficio de prisión domiciliaria.
Y un tercer argumento tiene que ver con el brazalete electrónico, porque al momento de obtener el beneficio no había disponibles. Fue así como el corre corre para conseguirlo se tornó en odisea, tanto que ella gestionó la compra de uno que al final no pudo usar, pero de algún lado apareció el que al final le ayudó a salir de prisión para volver a casa. Eso, en realidad, es una responsabilidad del Estado, que debe, a través del nunca bien ponderado Inpec, prestar el servicio ordenado por el juez, en este caso la prisión domiciliaria vigilada por el brazalete. Surge entonces una duda: ¿cómo pudo obtener uno si había una lista de prisioneros esperando por su libertad y por uno de estos aparatos?
Eso no los entiende ni digiere la opinión pública. La gente piensa que es una burla o un acto ilegal, pero es, para los especialistas, lo que lleva a criminalizar el ejercicio del derecho. El Estado no ofrece garantías y el actor se vuela las escuadras porque tampoco hay semáforo.
Por lo pronto, Gette tiene ahora la oportunidad de retozar en los confortables 750 metros cuadrados y dos niveles de su cómodo apartamento de El Golf, desde donde se dominan de un vistazo decenas de lujosas casas de la gente políticamente correcta de la comarca.
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