En un mundo que va cada vez más rápido, en el que el tiempo no alcanza y el estrés consume todo lo bello de la vida, hay algo que todos buscamos: ser felices. El fin de un gobierno es satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, por lo tanto, así como la felicidad se constituye en el objetivo de las personas, debe constituirse también en uno de los objetivos de los gobiernos tanto locales como nacional: buscar que los ciudadanos sean felices. Este llamado lo ha hecho las Naciones Unidas mediante Resolución 66/281, en la cual establece la importancia de que la felicidad y el bienestar se reconozcan en los objetivos de las políticas públicas.

Recientemente las instituciones responsables de la inclusión social en Colombia, el DPS, ICBF y la Anspe mostraron los resultados obtenidos hasta el momento en el gobierno de Juan Manuel Santos. De acuerdo con estos, en el actual período, 4.400.000 personas han superado la pobreza y 2.570.000 la pobreza extrema. Estas importantes cifras evidencian un alza en los ingresos de estas personas que ahora les permite adquirir una canasta de bienes y servicios que suple sus necesidades básicas, ¿pero se traduce este incremento del ingreso en bienestar y felicidad?

Encuestas realizadas en diversidad de países han demostrado que aumentos en ingresos no se han traducido necesariamente en aumentos de niveles de felicidad y bienestar. Esto quiere decir que un mayor ingreso no es suficiente para lograr bienestar y felicidad. La Universidad London School of Economics ha realizado recientemente una investigación que arroja que la salud mental es más importante que los ingresos para promover el bienestar de una persona. En Colombia, ¿queremos solo cumplir con indicadores y promover crecimiento económico o queremos que esto vaya de la mano de un impacto positivo en la vida de los colombianos?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, dos de cada cinco personas en el país han presentado trastorno mental en algún momento de su vida; de estas, aproximadamente un 90% no ha accedido a un servicio de salud. Por lo tanto, con el objetivo de obedecer a las necesidades de promoción de salud mental y prevención del trastorno se ha creado en Colombia la Ley de Salud Mental. Dicha ley concibe la salud mental no solo como ausencia de trastorno, sino como un estado de bienestar que permite a la persona realizarse, aprovechar sus capacidades, tener una buena calidad de vida y disfrutarla. Tres años después de su promulgación, estamos a la espera de la actualización de las políticas públicas nacional y locales de salud mental para que se ajusten a esta nueva concepción y para que el compromiso por una población mentalmente sana y feliz se convierta en acción, así como lo ha hecho el departamento de Santander.

Si los gobiernos se comprometen, como la ley ordena, a promover la salud mental por medio de las políticas públicas y su aplicación, es posible prevenir numerosos males en la población colombiana y ahorrar pesos, presos, muertos, episodios de violencia, conflictos armados, drogadictos y deprimidos, entre otros. Además, invertir en prevención por medio de la búsqueda de la felicidad y el bienestar de los colombianos –y no solo en ‘curas’ amargas como la cárcel– es la mejor garantía para una sociedad que anhela vivir en paz.

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