“De donde venga, la corrupción es uno de los principales retos a resolver”: Director de Asocapitales

Como director de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Andrés Santamaría Garrido se ha constituido en una voz autorizada desde lo público al impulsar una gestión orientada al impacto social, siendo un férreo defensor de la tesis de que los grandes retos del país pueden resolverse desde los territorios.

En su más reciente visita a Barranquilla, el líder de la agenda de las 32 ciudades capitales del país hizo una robusta radiografía de los desafíos que deben ser atendidos, en el menor plazo, por el Gobierno nacional.

Fue enfático al sostener que la seguridad y la crisis de la salud son dos de los problemas que a diario ponen a prueba la capacidad de respuesta de las ciudades capitales del país, puesto que son coyunturas que superan su rango de acción.

Santamaría también se refirió a la crisis energética que enfrenta el Caribe colombiano y abogó por asumir esta problemática como una causa de país, advirtiendo que, de mantenerse las actuales condiciones, las afectaciones podrían extenderse al resto del sistema eléctrico nacional.

El 25 % de la demanda del servicio eléctrico del país se genera en el Caribe. Hoy, los dos principales operadores, Afinia y Air-e, están en una situación económica crítica. Hay un atraso histórico en infraestructura, altos niveles de ilegalidad, un problema cultural de no pago y condiciones sociopolíticas complejas en ciertos territorios que dificultan el fortalecimiento de la transmisión eléctrica. A eso se suma una mala percepción del sistema por parte de los usuarios.

Si el proceso de debilitamiento financiero de los operadores continúa en esa línea, muy probablemente puede colapsar todo el sistema. Afinia y Air-e compran a los generadores un 25 % de la energía en bolsa y si no están en capacidad de pagar, pueden desestabilizar el sistema energético del país. Se vería afectado el Caribe, pero también toda Colombia. Ese es el mensaje que queremos transmitir, junto con algunas soluciones.

Hablamos de una tarifa tripartita entre usuarios, Estado y operadores; de un fondo que fortalezca la inversión y el mejoramiento de la red, así como duna tarifa diferencial.

Hay varios actores. El Gobierno nacional es el articulador y quien promueve la regulación; es el que tiene la responsabilidad de incentivar los recursos y liderar la estructura nacional del sistema.

Las autoridades locales deben buscar soluciones a la ilegalidad, promover la cultura del pago y contribuir al mejoramiento del servicio en sus territorios; me refiero a todos los alcaldes.

Los operadores deben garantizar una prestación del servicio con calidad. Los usuarios, hacer un uso racional del sistema y mantener la cultura del pago. Y los gremios pueden ser vigilantes y proponer soluciones.

Esta discusión lleva más de veinte años y no avanzamos. Ojalá en el corto plazo podamos hacerlo. Este es un gobierno que habla mucho de transición energética —eólica y solar— y ahí hay una oportunidad enorme.

Si hay un lugar del país donde la energía solar y eólica puede ser un gran dinamizador de la transición energética es el Caribe colombiano. Pero si no avanza el proceso nacional de mejoramiento de la transmisión tradicional, no habrá inversión ni recursos para la transición.

Hemos planteado la necesidad de un fondo estabilizador del Gobierno nacional para reemplazar red, ejecutar proyectos de transición y mejorar la infraestructura. También insistimos en la tarifa tripartita, porque no se puede recargar todo el costo de operación en los usuarios, porque no tienen capacidad de pago. Es necesario dividir responsabilidades entre Estado, usuarios y operadores.

Y, adicionalmente, ponernos de acuerdo. Creo que ya no fue en este Gobierno; será una discusión para el próximo Gobierno. Pero lo que sí es claro es que si se apaga el Caribe, se apaga Colombia. El 25 % de la demanda del país está en esta región, por lo que un colapso aquí implica un colapso nacional.

Casualmente, acompañé al alcalde Char en la despedida del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Vi a un alcalde comprometido con la seguridad, entregando patrullas, radares, medios de comunicación y reconociendo la labor del comandante saliente.

Sin embargo, aunque los alcaldes hacen esfuerzos enormes —porque ningún alcalde en Colombia se acuesta tranquilo con el tema de seguridad— nos enfrentamos a realidades complejas, que son de nivel nacional.

Para derrotar las estructuras delincuenciales organizadas, que operan en buena parte del territorio, se requiere la acción y participación del Gobierno nacional, la Fuerza Pública y la inteligencia. Y eso desborda las capacidades de un alcalde.

En Barranquilla, uno de los delitos que más ha crecido es la extorsión, que se da por grupos delincuenciales grandes, algo que le corresponde al nivel nacional enfrentarlo. La extorsión no se combate solo desde lo local.

El país vive un aumento en secuestros y extorsiones. Los grupos delincuenciales organizados fuertes viven del secuestro y la extorsión, más allá de las drogas. Y adicionalmente, en el país hay un crecimiento promedio del 7 % en homicidios. Desde 2022 hasta hoy, 2025, los grupos ilegales como ELN y Clan del Golfo han crecido más del 300 % en número de integrantes. Esos grupos generan los mayores impactos en delitos como la extorsión, el secuestro y el homicidio.

Hace quince días realizamos un encuentro de seguridad con los alcaldes capitales, el ministro de Defensa y los altos mandos. Acordamos una estrategia de focalizar ciudades capitales y analizar sus retos, según sus realidades territoriales.

Iniciamos con Popayán, Cali y Pasto, en un consejo focalizado en el suroccidente, con sus matices. Esa es nuestra responsabilidad: articular y armonizar esfuerzos. Queremos que esto genere impacto real en la disminución de cifras. Uno de los objetivos centrales de Asocapitales es tener ciudades seguras.

Es gravísima. Es la EPS con más usuarios, con más de 11 millones. La red pública de las ciudades y departamentos no tienen cómo suplir los servicios que la EPS no puede atender.

Hoy, muchas IPS no están recibiendo pacientes. La EPS, como aseguradora, debe pagar a las IPS que prestan sus servicios, muchas de ellas privadas, y no lo está haciendo.

Es la gran crisis humanitaria que tiene Colombia. Es matar gente sin usar violencia al negar servicios de salud, negar medicamentos, dar una atención deficiente. Ese es el mayor daño cometido al derecho a la vida en la historia reciente del país.

Hemos hecho mesas con el Ministerio de Salud, acciones legales y populares; creemos que este caso debe escalar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, porque el Estado está vulnerando el derecho a la vida al no garantizar el servicio médico.

Asocapitales siempre ha defendido un manejo eficiente, transparente y ético de los recursos. El Gobierno enfrenta retos serios en materia ética. Lo ocurrido en la Unidad de Gestión del Riesgo, las investigaciones por cupos y negociación en la pasada reforma tributaria son hechos contrarios a su gran promesa de lucha contra la corrupción, como prometió el Gobierno.

Lo que estamos viendo es que la corrupción está muy vigente y presente. Sea donde sea, de donde venga la corrupción, es uno de los principales retos a resolver en el país. La corrupción conlleva a un país ineficiente, a un país que no evoluciona de forma adecuada.

Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en el tema eléctrico y debemos ser mucho más competitivos, pero sin duda alguna, la corrupción nos está limitando para crecer de forma adecuada.

Siento que es un Gobierno que politiza mucho y politizar no es malo. Este es un Gobierno que hace reflexión sobre todo, opina sobre todo, pero a la hora de acción y a la hora de estructurar cambios reales es muy lento. Más es lo que dialoga y hay deficiencias en la forma de manejar el Estado.

Somos un país sumamente centralista. Todo se toma a nivel nacional, y las decisiones más sensibles son, en su mayoría, decisiones tomadas en un escritorio en Bogotá. Hay que tener armonía, pero también vencer esa excesiva dependencia de las decisiones centrales.

Hoy, el país se sostiene por los gobiernos locales. Los grandes proyectos hoy los están haciendo los alcaldes. Todos los avances en infraestructura y mejoramiento económico se deben a ellos y a los recursos de los ciudadanos locales, sin intervención del nivel nacional. Por primera vez, no se debe al Gobierno nacional. La cofinanciación no existe.

Hoy, gracias a la capacidad de apalancamiento de las ciudades capitales y a los impuestos que pagan los ciudadanos, el país está avanzando. La economía se está moviendo por las ciudades capitales. Si no fuera por los proyectos de infraestructura y obra pública de las ciudades, estaríamos en una crisis económica sin precedentes en el país.

Es una de las ciudades que más está impulsando el desarrollo del país. A mí me gustan todas las ciudades capitales, porque cada una trabaja desde su realidad, cada una tiene su propio encanto y sus propios procesos de crecimiento. Todas avanzan.

Sin embargo, es innegable que Barranquilla está haciendo un esfuerzo notable. Es un puerto estratégico, una ciudad transformadora, comprometida con las obras, con la innovación empresarial y con un ecosistema económico dinámico y creativo.

En Barranquilla tienen un alcalde que, con cualquier peso, hace maravillas. Yo no sé cómo le rinde tanto la plata. Y lo particular en este caso es que, hace veinte años, el panorama era muy distinto. Había muchos retos y limitaciones, pero en los últimos años la ciudad ha logrado convertir esas dificultades en oportunidades, como también sucedió con Medellín en los años noventa, que pasó de ser catalogada como una de las ciudades más violentas del mundo, marcada por la guerra de los carteles, a convertirse en un referente global de innovación, transformación urbana y turismo.

Son ejemplos de resiliencia territorial, son ciudades que, pese a la adversidad, lograron reinventarse. Eso es valioso y también una muestra de inspiración para otras capitales que buscan transformarse positivamente.

Nosotros en Asocapitales recopilamos tres temas centrales y nos vamos a centrar en eso. Sin duda alguna, el primero es la seguridad: ¿qué vamos a hacer en materia de seguridad? Aquí estamos en un dilema complejísimo, porque no hay nada más nacional en Colombia que la seguridad, pero los responsables son los alcaldes. Entonces, ¿cómo hacer esa armonización?

Esa responsabilidad que tiene un alcalde en temas de seguridad requiere tiempo, y hoy existe una incapacidad para instruir una política pública sólida en materia de lucha contra la criminalidad. Nos enfrentamos a estructuras ilegales que no se pueden afrontar solo con la buena disposición de los alcaldes. Aunque se aprueben más recursos, las ciudades capitales tienen limitaciones fuertes en temas de seguridad.

El segundo tema es contar con ciudades más productivas: economía, empleo y autonomía, con más recursos fiscales, recursos que se queden en la ciudad. Hoy, cada vez las ciudades tienen más responsabilidades y no hay recursos para afrontarlas. Es muy limitado. Entonces, no pueden asumir otras necesidades como la seguridad. Los presupuestos son muy limitados en Colombia. Hay municipios medianos con presupuestos de veinte mil o treinta mil millones de pesos para hacer obras; eso es demasiado poco. Hay ciudades con un presupuesto mayor, pero no suficiente para el número de habitantes que tienen. Las ciudades tienen limitaciones de presupuesto supremamente complejas para poder avanzar.

En el tema energético, por su parte, el país puede ser una potencia desde el punto de vista económico. No es solo una discusión ideológica; también es una gran oportunidad económica. Somos productores de primer nivel y podríamos ser grandes productores de energía solar y eólica; podemos innovar en eso. El Caribe es una gran oportunidad.

Estos son los asuntos centrales que queremos que los candidatos a la presidencia debatan. También les vamos a plantear propuestas para ver cuáles incluyen dentro de sus programas de Gobierno. Para nosotros es muy importante que Asocapitales tenga un buen nivel de interlocución con el Gobierno nacional y logre incidencia, para que las necesidades y criterios de los alcaldes queden insertados en los planes de los nuevos gobiernos.