El gobierno Petro indicó que la delegación de observadores está conformada por siete organizaciones nacionales y una internacional, con un total de 309 observadores acreditados.
La Defensora del Pueblo le solicitó al Gobierno Nacional avanzar en acuerdos para que los grupos armados que participan en mesas de conversación se comprometan a no restringir la actividad de las campañas electorales ni el ejercicio libre del voto para el 31 de mayo.
La crisis de desfinanciación y politización del sector, inducida por el Gobierno, obliga al próximo presidente a obrar rápido. Que nadie se equivoque en su voto.
Más de 1.500 miembros de la institución armada serán los encargados de blindar la fiesta democrática en los cinco municipios de su jurisdicción.
La Registraduría puso a disposición los mecanismos para la consulta.