Siete integrantes del último mando de las FARC, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño, fueron condenados el martes por la JEP a penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos” como “máximos responsables de la política criminal de secuestro” de esa guerrilla durante el conflicto armado.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo durante el cual los exmilitares fueron responsables de 135 asesinatos en 77 hechos delictivos, que además causaron otras 192 víctimas indirectas.
El procurador general, Gregorio Eljach, anunció que revisará en detalle el fallo histórico de la Jurisdicción Especial para la Paz y no descarta presentar un recurso de apelación.
Esta es una decisión histórica del tribunal de paz, pues leerá la primera condena tras ocho años de haber sido creado. Fueron escuchadas 402 versiones de exguerrilleros y se tuvieron en cuenta más de 1.200 escritos de víctimas.
Si bien la justicia es ciega y sin sesgos de favoritismos como lo enseña la diosa griega Temis, después del fallo de segunda instancia surge todos los recursos jurídicos de la parte vencida para dilatar el proceso lo cual se traduce en la depredación del presupuesto público de la entidad territorial.