El jefe del ente de control denunció el aplazamiento de $428 mil millones, afectando la operatividad de la fuerza pública.
Ocho departamentos del país se verán afectados con el cese de las operaciones que serán cubiertos desde Bogotá.
La inversión en el escenario será de 7 mil millones de pesos.
La más reciente demanda de nulidad por inconstitucionalidad fue interpuesta por el jurista Enrique Vargas Lleras.
Los recursos serán empleados en la seguridad de los municipios, en especial en González y Río de Oro.