De acuerdo con lo informado por las autoridades, esta declaratoria “no implica la suspensión de garantías fundamentales ni de derechos constitucionales de ningún ciudadano”.
Las víctimas solicitaron una indemnización de $613 millones.
El sitio dejó de ser operado por Autopistas de la Sabana y desde hace dos semanas los administra el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Este lunes se llevó a cabo un plantón en las afueras de la sede del Cari mental para exigir que se cumplan con los compromisos laborales pendientes.
En Rubiales y Caño Sur, la petrolera estatal tiene contratadas a más de 7.500 personas, de las cuales 3.800 pueden resultar afectadas por esta situación.