La medida de amparo ha sido negada en tres ocasiones por distintos jueces de control de garantías en la ciudad.
Los funcionarios judiciales buscaban quedar en libertad.
El togado es señalado de haber dado libertades y beneficios a diferentes procesados con una aparente extralimitación.
La Fiscalía les imputó los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
La providencia dice que el ente acusador, después de acopiar las evidencias, encontró que el hecho investigado era atípico de prevaricato por acción.