En respuesta a la Corte Constitucional, el despacho de Guillermo Jaramillo expidió esta normativa, en la que se especifican los plazos máximos para efectuar el reconocimiento y realizar el giro respectivo de estos recursos.
En 2024 la Contraloría no encontró indicio alguno de los recursos.
El ministro tildó a esta persona, que “estuvo seis años” en el Ministerio, de “tráfuga”.
La entidad insistió en que el valor debe ser el resultado de un análisis técnico integral y representativo tal como lo exige la ley.
Le hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que “actúe en la protección del derecho a la salud y a la vida”