Según la ACM, por cada millón de toneladas que Colombia deja de exportar, el Estado deja de recibir alrededor de $200.000 millones en impuestos y regalías.
La empresa minera sostuvo que sus operaciones son estrictamente respetuosas de la legislación colombiana, incluido el decreto presidencial que busca limitar esos envíos.
Dicha respuesta se da a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien publicó un trino en el que arremetió contra Glencore y Drummond y pidió procesarlas por lo que señaló como “ayuda al genocidio”, en relación con el conflicto registrado en Gaza.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, afirmó que el mismo decreto del Gobierno permite seguir exportando cuando existen contratos vigentes.
Los ajustes ya anunciados por el Cerrejón y la Drummond nos van a regresar a los niveles de producción de hace 20 años, es decir, 50 millones de toneladas de las 92 que llegamos a producir en años recientes y a las que se sumó el cierre de Prodeco, que ya mostró sus devastadores efectos sobre los municipios y población afectada.