Los exmiembros del secretariado deberán confesar además torturas, violencias sexuales y reproductivas contra niñas y violencias de prejuicio contra identidades de género diversas.
Se trata de Mónica Andrea Ulloa y Eduardo Padilla Hernández, quienes se posesionaron ante el procurador general Gregorio Eljach.
Se trata de dos capitanes, dos sargentos primeros y once soldados profesionales, todos retirados, quienes, en el momento de los asesinatos, pertenecían a los Batallones de Contraguerrilla No. 26 y 79, adscritos a la Brigada Móvil 11 del Ejército.
A la Procuraduría General de la Nación le notificarán sobre este incidente para que también le haga seguimiento al cumplimiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz dio un plazo de 45 días para esta diligencia. Los miembros de la fuerza pública son víctimas de desaparición forzada.