Las penas impuestas por la JEP contra los exjefes de las Farc son una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos.
Los asesinatos llevaron a la pérdida del disfrute del territorio como ámbito de vida cultural, social, económico y espiritual de este pueblo índigena.
Esta acción judicial fue presentada por los familiares de los diputados del Valle del Cauca, quienes fueron secuestrados y asesinados por la extinta guerrilla.
El componente de justicia del Sistema Integral para la Paz, creado en el marco del Acuerdo de Paz, implementa esta innovación en el monitorio electrónico de los sancionados, al contar con un rango de perímetro delimitado. En caso de ser traspasado, el dispositivo emite una alerta al centro de control.
La defensora Iris Marín a anunció que el ente estará acompañando a las víctimas para verificar el cumplimiento de las sanciones.