De acuerdo con la entidad de vigilancia y control, esta decisión obedece porque “persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras”.
En Sucre la UBPD trabaja en la ubicación de 1.600 personas, de las que sus familias no tienen noticias desde la época más cruel del conflicto.
La entidad destacó la mejora en la infraestructura y la ampliación del portafolio de servicios.
Además de los temas financieros y operativos, se abordaron estrategias para mejorar el portafolio de servicios y fortalecer los programas sociales de la entidad.
El informe de hallazgos plantea una presunta desviación de recursos públicos que debe ser investigada y sancionada.