Con una decisión que tiene fecha del viernes 17 de enero, el Juzgado Penal del Circuito Especializado ordenó a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, retornar al empresario, hoy alto funcionario del Gobierno de Venezuela, los siete bienes que en julio de 2020 ocupó la Fiscalía.
Con la radicación de una solicitud formal esperan poder “monetizar” los bienes incautados o cedidos por exparamilitares para reparar a las víctimas incluidas en las sentencias de Justicia y Paz.
Los 15 inmuebles avaluados en más de $2.800 millones eran de un policía de control en los puertos del Caribe.
El bien ocupado, que está avaluado en 251 millones de pesos, fue dejado para su administración a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Ley 160 creó la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra y también por su destinación a cultivos ilícitos, pero en este mundo al revés, los delincuentes pueden defenderse ante un juez, derecho que se pretende negar a los propietarios legítimos de la tierra. ¿Acaso no somos iguales ante la Ley?