Amnistía Internacional consideró la advertencia como 'una violación del derecho internacional humanitario' al poder equivaler a una orden de 'desplazamiento forzado de la población civil'.
Los habitantes aseguran que el Gobierno no les ha cumplido con los compromisos pactados.
Hasta el momento no se ha establecido el número de personas que estarían movilizándose hacia el casco urbano.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Gobierno para hacer presencia en la región hacinada de desplazamientos y confinamientos.
Un total de 242 familias, compuestas por 398 menores de edad y 469 adultos, mayoritariamente campesinos e indígenas, han dejado atrás sus hogares tras la muerte de una niña de 4 años.