La acción constitucional sería estudiada por los magistrados Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero.
La Sala también aclaró que el trámite de tutela aún se encuentra en su etapa inicial y que solo una vez se analicen los hechos y pruebas de forma conjunta se podrá determinar si hubo una vulneración real de derechos.
Hace unos meses el togado se había declarado impedido para intervenir en este caso.
El pasado mes de julio, el exsubdirector de la UNGRD envió una carta pública en la que solicitó “garantías reales” para continuar colaborando con la justicia.
Entre los compromisos pactados está contrarrestar los delitos que más afectan a la comunidad como el hurto y el microtráfico.