La decisión surge luego de que el decreto fuera derogado el 24 de junio del año 2025, pocos días después de que la reforma laboral que el Ejecutivo buscaba someter a consulta ciudadana fuera aprobada en el Congreso tras una apelación.
La decisión declaró inexequibles las normas que habilitaban un modelo especial de contratación pública con organizaciones de la llamada economía popular y comunitaria.
Esto quiere decir que la aceptación del impedimento del togado obliga a designar un nuevo ponente, lo que representa una suspensión en el debate y, por lo tanto, en la emisión de una sentencia frente a este complejo tema.
El magistrado ponente se declaró impedido y la Sala Plena deberá nombrar a un nuevo responsable del caso.
El alto tribunal reiteró las obligaciones legales de los empleadores y revisó un caso en el que se vulneraron derechos laborales de una trabajadora del servicio doméstico.