El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, señaló que el contrato vigente no prodrá prorrogarse por lo que el Ministerio deberá buscar otras alternativas para garantizar la expedición de pasaportes luego de esta fecha.
La acción popular busca que la Secretaría de Control Urbano y las empresas relacionadas en estos casos tomen medidas correctivas.
La presunta amenaza se debe a los derechos colectivos relacionados con el acceso de los servicios públicos, el cual podría presentar un aumento en la tarifa.
Además, el organismo solicita que se logre resarcir los perjuicios a la Nación.
'Hay que iniciar pronto la recuperación de este dinero, que son unos 230 mil millones de pesos, pues son recursos que deben retornar a la compañía para el mejoramiento en la calidad del servicio público', anotó.