Un hecho sin precedentes en la historia de la educación pública no solo del departamento de Sucre sino de Colombia, se registró la mañana de este jueves 26 de septiembre en la ciudad de Sincelejo, cuando por orden de la Corte Constitucional la Institución Educativa Antonio Lenis tuvo que pedir excusas públicas y graduar como bachiller a una adolescente.
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El acto, que se efectuó en la sede principal del colegio en los alrededores de la Plaza de Majagual, contó con la presencia de delegados del Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Municipal, Procuraduría de Familia, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, rectores y directivos docentes del magisterio oficial de Sincelejo, la comunidad educativa del Antonio Lenis, la graduada con sus familiares y su abogado Julián Alberto Patrón Pérez.
A través de la Sentencia T249 de 2024 la Corte Constitucional le resarció los derechos a la educación a la estudiante y con ello le abrió el camino para continuar con su formación.
La justicia consideró que en la Institución Educativa Antonio Lenis le vulneraron los derechos educativos a la estudiante que, por tener una discapacidad, no alcanzaba el mismo rendimiento académico de los demás alumnos de su curso, por lo que fue objeto de bullying por parte de estos y con el tiempo llevó a la estudiante a retirarse del colegio y no poder graduarse a finales de 2023 como bachiller académico.
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Su familia emprendió una batalla jurídica al considerar que con ella el colegio no tuvo en cuenta un programa de ajuste razonable a pesar de conocer de su discapacidad y fue así como le ordenó a la Secretaría de Educación Municipal de Sincelejo que realizara la nivelación educativa en un colegio oficial que tuviera los mejores resultados en las Pruebas Icfes, pero este debía ser escogido por la estudiante que se decidió por la Institución Educativa Juanita Manjarrez, pero este jueves 26 de septiembre se graduó como bachiller del Antonio Lenis donde recibió el diploma de manos del rector Ubaldo Buelvas Solórzano.
Esta decisión marca un referente en la educación del país para que se tengan en cuenta las normas de inclusión.
