Un estudio para entender la delegación y su desnaturalización fue lo que realizó el presidente del Colegio de Abogados Administrativistas, Carlos Núñez de León, en su primer libro. Esta es una obra dedicada a analizar la delegación de funciones administrativas, una figura prevista en la Constitución pero poco explorada en profundidad en la doctrina colombiana.
Aunque existen estudios sobre su alcance y características, Núñez sostiene que la práctica ha llevado a que esta herramienta se “desdibuje” y pierda su esencia.
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En conversación con EL HERALDO, el abogado explicó que su propósito, es ofrecer a los funcionarios públicos un manual que oriente con claridad las condiciones y límites necesarios para delegar funciones sin caer en irregularidades.
Atajo para la corrupción
Según Núñez, el problema no está en la delegación en sí, sino en su uso indebido. En muchos casos, funcionarios han abusado de esta figura para encubrir actuaciones irregulares o ilícitas, presentándola como una vía para evadir responsabilidad.
“El artículo 211 de la Constitución establece que quien delega puede quedar eximido de responsabilidad, un principio que algunos han utilizado como escudo para blindarse de investigaciones. Esta investigación hizo parte de mi tesis y fue lanzada en el mes de septiembre, y esta vez la traemos a Barranquilla”, anotó.
A partir de esta distorsión, su libro analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y otras salas judiciales que han abordado el tema, evidenciando cómo la figura pasó del uso legítimo al abuso sistemático.
Una alternativa
Frente a estos desvíos, Carlos propone reconstruir el sentido de la delegación desde el principio de confianza, una noción desarrollada principalmente en la jurisprudencia penal alemana.
Bajo este concepto, cuando un funcionario actúa correctamente, puede confiar en que quienes lo rodean también cumplen sus tareas de manera adecuada.
“Apoyándome en este principio, yo planteo una tesis que permitiría a la jurisprudencia colombiana aplicar la delegación de forma equilibrada, evitando tanto la irresponsabilidad del delegante como la presunción automática de su culpa”.
También insistió en que la delegación debería ser un instrumento para optimizar la eficiencia y la eficacia del Estado, no una excusa para diluir responsabilidades. La Constitución así lo contempla, y por ello recalca que devolverle su propósito es fundamental para fortalecer la función administrativa.
Evidencias del problema
El autor destaca dos situaciones recientes que han puesto el tema en discusión. En el caso Hidroituango, la Contraloría imputó cargos a miembros de la junta directiva aplicando criterios relacionados con la delegación.
De igual forma, en el escándalo de Centros Poblados, la figura fue determinante para la decisión final de la Procuraduría, que terminó absolviendo a la ministra involucrada.
“Estos dos episodios muestran la urgencia de una interpretación más precisa y coherente sobre hasta dónde llegan las responsabilidades en la cadena administrativa. Y mi obra es para que las personas que se dedican a esto tengan una herramienta. Pero es un libro que también pueden leer todas las personas, está escrito de forma muy sencilla”, dijo a esta casa editorial.
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El libro incluye un prólogo del académico español Jaime Rodríguez-Arana, quien advierte que la corrupción ha ganado fuerza e intensidad en la administración pública.
Núñez coincide plenamente con él, y asegura que muchas figuras jurídicas diseñadas para garantizar la buena administración han sido utilizadas con fines contrarios, convirtiendo la corrupción en un problema estructural que afecta valores esenciales del Estado.
Por ello, dedica un capítulo al análisis del concepto y alcance de la corrupción en el ordenamiento jurídico colombiano, así como a los factores que facilitan su expansión. Su libro busca revisar las estructuras del Derecho Administrativo que están siendo “instrumentalizadas para la corrupción”.
