En el departamento del Cesar hay más de 400 mil usuarios de la Nueva EPS que enfrentan graves problemas en la atención de salud al momento de requerir un servicio. Esta situación se agravó en los últimos días cuando el Grupo Clínicas Médicos decidió suspender la prestación de servicios debido a la millonaria deuda, que pese a tener acuerdos de pagos con los agentes interventores no han cumplido con los pagos.
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En el conglomerado de clínicas se encuentran Clínica Valledupar, Clínica Médicos, Clínica Alta Complejidad de Aguachica y Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista. Esta última en San Juan del Cesar, La Guajira, las cuales no han recibido el 80 % de la cartera corriente por la Nueva EPS.
En una carta firmada por Carlos Humberto Arce García, dueño y representante legal de las IPS, señala que a pesar de una relación comercial de muchos años, actualmente hay falta de liquidez quedando en una posición inoperante, con una crisis profunda y deudas insostenibles que ponen en riesgo la atención y vida de los pacientes.
Tienen cuentas embargadas, deudas de 18 meses de energía eléctrica, impuestos nacionales de más de un año, impuestos municipales, especialistas y subespecialistas con amenazas de abandonar el servicio, más de 3.500 trabajadores directos de planta inconformes por el atraso en el pago de la nómina, así como dificultad para adquirir medicamentos e insumos.
Todo este panorama ha llevado al colapso a las clínicas antes mencionadas que dependen de los pagos de la Nueva EPS.
Las quejas no han sido únicamente por los directivos, sino también por pacientes y sus familiares, que han alzado su voz de protesta en las afueras de la sede principal en Valledupar, donde expusieron el viacrucis que están padeciendo.
El familiar de un paciente con depresión indicó que el tratamiento indicado por el médico no le ha sido entregado, y que la respuesta de la EPS fue que lo compraran por su cuenta ya que no está siendo autorizado.
En una situación parecida está el padre de un menor de edad con autismo a quien no le han autorizado las terapias y exámenes ordenados por los especialistas.
“He intentado comunicarme a través de las plataformas, por teléfono y de manera presencial, pero ha sido imposible la autorización. El costo de una terapia es muy elevado y no puedo cubrir todo”, le indicó el padre del paciente a EL HERADO.
Por toda esta situación, usuarios y empleados del Grupo Clínica Médicos se movilizaron por las calles de Valledupar para ser escuchados por los entes territoriales y buscar canales con el Gobierno nacional y lograr que esta crisis pueda ser superada.
Carlos Arteaga, gerente de la Clínica Médicos, explicó que en muchas ocasiones han dialogado con las directivas de la Nueva EPS, pero no han cumplido a la fecha con los compromisos de pago.
“Esto pone en muchas dificultades operativas la salud, no solamente el pago de los salarios de los médicos, porque la prestación de los servicios está en cuidados intensivos en el Cesar. Desde los entes territoriales se han hecho mesas de concertación. El canal que estamos solicitando es directamente con el gerente interventor de la Nueva EPS y que nuevamente se retomen las intervenciones y se cumpla con los compromisos de pagos que estaban acordados y que a la fecha no se han dado”, expresó Arteaga.
Una de las complicaciones es el constante cambio de los agentes interventores de la EPS, debido a que el reemplazo del anterior no cumple con los acuerdos antes pactados y las clínicas quedan en las mismas.
La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, explicó que los cambios de agentes interventores generan graves retrocesos en los procesos de conciliación y acuerdos.
“Sentimos que es una falta de respeto, y es una situación que no solo es con la Nueva EPS, es con todas las intervenidas. No sabemos qué hacer y hacia dónde vamos, tenemos cambios de interventor cada dos, cada tres meses y, ojo, vuelvo y repito, no es solo Nueva EPS, ha sido con todas las EPS intervenidas y resulta que ningún interventor nuevo que llega respeta los acuerdos o conciliaciones que hace el interventor anterior”, afirmó la secretaria.

Por su parte, Juan Camilo Chirino, gerente de operaciones del Grupo Clínica Médicos, señaló que la cartera acumulada antes de la intervención ya era de aproximadamente $50.000 millones. Luego del proceso del Gobierno nacional se sumaron $150.000 millones más, generando un total de $200.000 millones.
Esperanza Arias, presidenta de la Asociación Nacional de Usuarios de la Nueva EPS, manifestó que es un clamor y una necesidad de los pacientes que los pagos sean realizados para así tener atención médica. Desde el 14 de noviembre no tienen servicios.
“Pacientes de alto costo sin tratamiento, la situación es difícil y lo que más nos duele es el silencio administrativo donde no hay acuerdo de pago. Exigimos pago inmediato a las IPS para que reactiven los servicios. Segundo, que se hagan unas mesas de trabajo para acuerdos de pago de facturas corrientes, y tercero, que inmediatamente nos restablezcan los servicios. Es una voluntad que tiene que gestionar el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y el Ministerio de Hacienda, que son los responsables. Sentimos un abandono total en los servicios de salud”, expresó Arias.
Diagnóstico nacional
Hace tres días la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales realizó una reunión extraordinaria con secretarios y funcionarios del sector salud de más de 25 ciudades capitales para analizar la crisis operativa y financiera de la Nueva EPS.
Esto dejó en evidencia que la situación ha escalado a niveles críticos, afectando la continuidad del servicio de millones de usuarios y comprometiendo la sostenibilidad de las redes hospitalarias urbanas en todo el país.
En Colombia hay 11,7 millones de afiliados, siendo la más grande. Según el análisis la deuda pasó de $5,42 billones (dic. 2022) a $21,37 billones (mar. 2025), de acuerdo con la Contraloría General. Existen 22 millones de facturas sin auditar, que suman $22,1 billones.
Se reportan graves fallas contables y administrativas, además de suspensión y restricción de servicios médicos y ruptura en la cadena de medicamentos.
Las capitales, que concentran la mayor demanda del sistema de salud y prestan más del 70% de los servicios especializados del país, son hoy el epicentro de la crisis.
La secretaria de Salud de Valledupar, Jaide Medina, sostuvo que el municipio está recibiendo pacientes del sur de La Guajira, el sur de Bolívar, Magdalena y los 25 municipios del Cesar. “Hoy nuestro sistema está completamente colapsado, la entrega de medicamentos está cerrada en su totalidad. Esto significa que en las próximas semanas tendremos pacientes más graves y con menos posibilidades de recuperación.
“Nuestro territorio cuenta únicamente con una IPS pública de primer nivel y una EPS de segundo y tercer nivel. Toda la red adicional está saturada en servicios de urgencias. No es justo que nuestras ciudades estén viviendo esta situación cuando se nos dijo que la solución era intervenir las EPS. Hemos sostenido reuniones buscando salidas, pero no hemos visto acciones concretas. El problema es claro: falta flujo de recursos y decisiones de fondo”, añadió Medina.
Compromete derechos fundamentales
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advierte que la situación del sector salud en Colombia está generando riesgo de discontinuidad en tratamientos de cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental, sobrecarga crítica en hospitales públicos de capitales ante la suspensión de prestadores privados, aumento acelerado de tutelas y quejas, lo que afecta la gobernabilidad local, e interrupción de medicamentos esenciales, dificultando el manejo de patologías de alto costo.
Esto es catalogado como un comprometimiento de derechos fundamentales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advierte que la crisis en el sistema de salud está caracterizada por la vulneración generalizada del derecho al acceso a medicamentos y falta de oportunidad en las citas con medicina especializada, además incumplen fallos judiciales.
En Sucre la cura fue peor que la enfermedad
La crisis del sector salud en Sucre la afrontan los empleados de la red pública a los que les adeudan muchos meses, y lo peor es que a los 3 hospitales les llegan buenos recursos por giro directo y solo les pagan, si acaso, un solo mes.





















