Soplan vientos de cambio en la Costa para los próximos años. La creación de la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP) es una declaración de principios que refleja el sentir de más de 11 millones de habitantes, con la meta de alcanzar la autonomía para el manejo de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La regionalización es un viejo anhelo que, paso a paso, comienza a concretarse. Con ella se busca transformar el modelo del Estado centralista, concentrado en Bogotá, para trasladar competencias a las regiones.
El Caribe tiene el 22% de la población del país y solo maneja el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Además, según el Dane, el 49% de los habitantes de esta zona está en condición de pobreza y el 28% en pobreza extrema.
Acabar con esas desigualdades históricas es el gran objetivo de este proceso, y ese vuelve a ser el llamado de EL HERALDO hoy en la celebración de sus 84 años: la defensa de los intereses de la Costa. Se trata, entonces, de un primer paso hacia la construcción de un proyecto regional que debe conducir a una mayor autonomía administrativa y fiscal, como lo reclamaron los costeños en el histórico Voto Caribe de marzo de 2010. Aquel hecho fue la manifestación pacífica más importante que se ha celebrado en el país en defensa de la autonomía regional, pero la esperanza de cambio se desvaneció casi de inmediato. ¿Los motivos? La fuerza avasalladora del centralismo y la desidia de los políticos costeños, que durante los siete últimos años no estuvieron a la altura de las circunstancias para darle valor a la formidable gesta de los votantes del Caribe.
La constitución de la RAP debe servir para retomar el sueño autonómico que la región viene reclamando hace décadas y que tuvo en la Liga Costeña, a comienzos del siglo XX, uno de sus hitos memorables. Sin embargo, hay que tener claro que la RAP no es el punto final. La verdadera meta es la conformación de la Región Ente Territorial (RET), figura contemplada en la Constitución y que le dará al Caribe control real de los dineros del Sistema General de Participaciones. Para alcanzar este objetivo deberán pasar dos años y se requiere un concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial; después, que el Congreso cree una ley para la consolidación de la Región y, por último, que los ciudadanos la aprueben en una votación popular.
Mientras llega ese momento, el desafío de nuestros dirigentes es portarse a la altura del reto y superar los fantasmas de burocracia y despilfarro de dineros públicos que se ciernen sobre una asociación de esta naturaleza.
